La reciente presentación del proyecto de Rendición de Cuentas ante el Parlamento ha dejado al descubierto las verdaderas intenciones —o quizás la preocupante falta de profundidad— del Poder Ejecutivo respecto a uno de los problemas más lacerantes de nuestra sociedad: la pobreza infantil. La cifra anunciada, apenas 30 millones de dólares destinados a mitigar esta crisis, resulta, a todas luces, un monto que difícilmente logrará mover la aguja en indicadores que requieren un abordaje estructural, masivo y, sobre todo, sostenido. Es un presupuesto que se antoja cosmético frente a una realidad que exige una inversión contundente, no un simple paliativo de ocasión.

No obstante, la mediocridad de la propuesta no es el único foco de tensión en el tablero político. Es preciso señalar el absoluto desacierto del Frente Amplio al lanzar una campaña de spots publicitarios en redes sociales, donde se acusa a la actual coalición republicana de negarse sistemáticamente a atender la pobreza infantil. Tal narrativa carece de toda autocrítica. Resulta irónico, cuando no hipócrita, que quienes hoy levantan el dedo acusador hayan dilapidado, durante sus gestiones, una suma equivalente a la que ahora se propone invertir, en compras tan desatinadas como la estancia "María Dolores". Si aquel recurso se hubiera gestionado con una mínima noción de prioridad y responsabilidad, hoy no estaríamos lamentando la carencia de fondos para implementar políticas que sí generen un cambio real. La política del "haz lo que digo, pero no lo que hice" es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía.

Sin embargo, lo más preocupante del proyecto oficialista no es el monto, sino la profunda desnaturalización de la asistencia social que conlleva. Ha trascendido que, bajo el nuevo esquema, se eliminarán las limitaciones para las compras realizadas con las tarjetas emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). La pretensión es permitir la adquisición de prácticamente cualquier producto en las cadenas de supermercados, eliminando los controles sobre el destino final de los fondos públicos.

Más grave aún es la omisión de cualquier tipo de contrapartida. La propuesta elimina, de facto, la exigencia de probar que los niños concurren efectivamente a los centros educativos o que cumplen con los controles médicos periódicos —vacunas, chequeos de desarrollo—, requisitos que, aunque básicos, constituían una red de seguridad indispensable para garantizar el futuro de esos menores. Al quitar estas obligaciones, el Estado renuncia a su rol de garante del bienestar infantil para convertirse en un simple cajero automático.

Es evidente que la inmensa mayoría de las madres y familias en situación de vulnerabilidad, responsables y comprometidas, utilizarán estos recursos para cubrir las necesidades elementales de sus hijos, como alimentación o abrigo. Ellas no necesitan controles porque su instinto y su amor son la mejor guía. Sin embargo, una política pública no puede diseñarse bajo la ingenuidad de suponer que todos los beneficiarios actuarán bajo el mismo patrón de responsabilidad.

Al eliminar las restricciones de compra y las exigencias de contraprestación, se abre la puerta a un uso discrecional y ajeno a los fines para los que fue creado el subsidio. No existe barrera alguna que impida que esos fondos, destinados a la infancia, sean desviados por los sectores menos responsables para la adquisición de bienes suntuarios, como lo últimos modelos de celulares u otros equipos electrónicos, dejando al niño desprotegido. Convertir el apoyo estatal en una suerte de "asignación libre" sin seguimiento es abandonar a la infancia a su suerte. El Estado no debe ser un agente que fomente la desidia, sino uno que exija compromisos mínimos para asegurar el desarrollo de quienes, hoy, son los más vulnerables y mañana, nuestro futuro. La pobreza infantil no se combate solo con transferencias monetarias; se combate con controles estrictos, exigencias claras y, fundamentalmente, con una visión de país que priorice el capital humano sobre el populismo electoral.