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Cuando José Batlle y Ordóñez impulsó la creación de las Usinas Eléctricas del Estado, no estaba proponiendo simplemente que el Estado sustituyera a una empresa privada. Estaba definiendo una concepción del servicio público: la energía eléctrica debía estar al alcance de la población y su prestación debía responder al interés general, no al beneficio de un grupo de propietarios.

El proyecto fue acompañado por un mensaje del Poder Ejecutivo remitido a la Asamblea General el 22 de noviembre de 1911, suscrito por Batlle y el ministro de Hacienda, José Serrato. Allí se defendía la gestión estatal cuando el monopolio resultaba inevitable o cuando un alto interés social lo justificaba. En ese caso, sostenía el mensaje, los frutos del servicio debían ser gozados por todos y no por una minoría. La Administración General de las Usinas Eléctricas del Estado fue creada por la Ley 4.273, del 21 de octubre de 1912, que reservó al organismo la prestación del suministro eléctrico en el territorio nacional.

Los resultados económicos

La concepción fundacional no se agotaba en asegurar que hubiera electricidad. También importaba qué hacer con los resultados económicos de la empresa. La orientación expresada entonces era que los excedentes permitieran ampliar las instalaciones y reducir las tarifas. La rentabilidad debía volver a la sociedad, ya fuera mediante más cobertura, mejores servicios o un menor precio para los usuarios. No se concebía el monopolio público como una fuente de recursos fiscales desligada de quienes pagaban las facturas.

Más de un siglo después, corresponde preguntarnos cuánto de aquella finalidad permanece en la política tarifaria. UTE ha desarrollado una infraestructura que constituye un patrimonio nacional. También aplica instrumentos de protección para hogares vulnerables, entre ellos el Bono Social, con descuentos importantes para quienes integran determinados programas sociales. Pero una política social limitada a quienes acreditan vulnerabilidad no sustituye una concepción general del servicio público que reconozca el peso de la electricidad en la vida cotidiana de todas las familias.

Los resultados económicos recientes permiten abrir esa discusión. La memoria anual de UTE informó una ganancia atribuible a la empresa de 11.994 millones de pesos en 2024. Para 2025, los estados y datos divulgados públicamente situaron el resultado positivo en torno a 13.152 millones de pesos. Pero sí obligan a debatir, con transparencia, qué proporción puede retornar a los usuarios, como parte de la finalidad social que inspiró la creación del ente.

Compartir beneficios

A ello se suma una transformación decisiva: Uruguay cuenta con una matriz de generación eléctrica en la que las fuentes renovables tuvieron una participación cercana al 99% en 2024. La disponibilidad de energía hidráulica, eólica, solar y de biomasa, junto con la capacidad de exportar excedentes en determinados períodos, ofrece condiciones que el país no tenía en 1912. Pero constituye una oportunidad para pensar un sistema tarifario que comparta mejor los beneficios de esa transformación.

Se trata de recuperar una pregunta esencial: ¿para qué debe producir resultados una empresa pública que presta un servicio indispensable? Si la respuesta se limita a transferir recursos al Estado o a exhibir balances positivos, habremos reducido su misión. Si esos resultados también se traducen en tarifas más accesibles, consumo básico protegido y expansión del servicio, estaremos más cerca del propósito original.

La electricidad ya no es un lujo. Es necesaria para conservar alimentos, estudiar, trabajar, comunicarse y mantener condiciones elementales de bienestar. No como privilegio, sino como una forma contemporánea de entender que los frutos de un servicio público deben alcanzar a todos. Volver a Batlle no es repetir una consigna: es tomar en serio el destino social que él asignó a la empresa que creó.

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