La historia que hoy se presenta es tan dolorosa como urgente. Daniela Alzamendi y Sandro Thedy, abuelos de Juanita, una niña de Salto víctima de abuso infantil, dieron a conocer en una entrevista en el streaming de La Prensa, las circunstancias que atraviesan desde hace tres años, alertando sobre la falta de acción de la Fiscalía, a pesar de contar con pruebas contundentes.

“Si no hacemos público esto, las pruebas, todas las pericias que le hicieron a la niña, se quedan congeladas en Fiscalía y no hacen nada”, denunció Sandro Thedy. La familia exige que las autoridades actúen de manera inmediata para proteger a la menor y procesar al agresor.

La historia de una hija ejemplar y su familia

Daniela Alzamendi describió a su hija Jazmín como una joven dedicada y brillante. Desde pequeña mostró interés por los estudios, especialmente en el idioma inglés y el Derecho, disciplinas en las que destacó notablemente. A los 14 años, Jazmín participó en un proyecto de la Embajada de Estados Unidos, lo que marcó el inicio de su camino académico internacional. Posteriormente, completó su educación secundaria en Salto y comenzó la carrera de Derecho. Al mismo tiempo, trabajó en colegios locales y logró estabilidad profesional como docente. La llegada de Juanita fue un motivo de felicidad para la familia, aunque pronto el entorno familiar se vería atravesado por el dolor y la preocupación.

Primeros signos de alarma

Daniela narró los cambios en el comportamiento de Juanita fueron perceptibles desde temprana edad, tristeza, desánimo y conductas inusuales que alertaron a los abuelos. A pesar de los cuidados de su madre y los controles médicos regulares, la niña parecía retraída y ansiosa. “Un día me señala la colita y dice ‘papá’. Fue espantoso, no sabíamos qué hacer. Nos abrazamos con mi hija y no podíamos creer lo que estábamos viviendo”, relató Daniela Alzamendi. Este momento marcó el inicio de un proceso legal que hasta hoy enfrenta obstáculos por la falta de acción de la Fiscalía.

La intervención médica y psicológica

La familia llevó a Juanita a consultas pediátricas y psicológicas, donde profesionales confirmaron signos de abuso. Patricia Nava, psiquiatra, y posteriormente otras psicólogas realizaron evaluaciones constantes, generando informes que fueron incorporados al expediente judicial. “Cualquier psicólogo ve los rasgos de una niña abusada”, explicó Sandro Thedy. Sin embargo, a pesar de los informes médicos, las pruebas y las declaraciones de testigos, el caso se encontraba estancado en Fiscalía durante años.

La falta de acción de la Fiscalía

El caso de Juanita se cerró en 2022 por decisión de la fiscal Nicolini, bajo el argumento de que la madre no habría llevado a la niña a realizarse la pericia correspondiente. La familia asegura que esto no era cierto: “Nunca fue citada correctamente, siempre estuvimos pendientes del buzón y del celular, y nunca la llamaron”, afirmó Daniela Alzamendi. Tras este cierre, la familia tuvo que buscar nuevos abogados para reabrir el caso. Finalmente, en julio de este año, se reanudaron las acciones judiciales, incluyendo una pericia que confirmó el abuso por parte del padre de Juanita.

Testigos clave ignorados

Uno de los principales problemas señalados por la familia fue la falta de citación de testigos fundamentales, como maestras y amigos de la niña, quienes conocían detalles del abuso y del comportamiento del agresor. Durante una audiencia en el juzgado de familia, finalmente pudieron declarar, confirmando los relatos de Juanita y los informes de la psicóloga. “Si la Fiscalía se moviera, debería detenerlo inmediatamente”, señaló Sandro Thedy, resaltando que con los testimonios y la pericia, el caso contaba con elementos suficientes para procesar al agresor. Sin embargo, las autoridades continúan demorando la acción, poniendo en riesgo el bienestar de la menor.

Revinculación y estrategias dilatorias

Mientras el caso permanece en un limbo judicial, el padre de Juanita solicitó la revinculación con la niña, lo que la familia interpreta como una estrategia de dilación legal. “Creemos que es por estrategia de los abogados de él, para alargar el tema y mantenernos ocupados con lo de familia”. Daniela expresó que el derecho de un padre debe ejercerse solo si existe una conducta que proteja a la niña. “Si ya le entra a hacer daño, debería perder los derechos. Lo primero que dicen es que tiene derecho, pero ¿qué derecho tiene si es un agresor?”.

Obstáculos legales y mala praxis

La familia también denunció complicaciones con abogados anteriores, quienes renunciaron o minimizaron la gravedad del caso, generando confusión y retrasos. Uno de los episodios más dolorosos ocurrió durante una audiencia, cuando la madre de Juanita fue reprendida por su abogada por expresar su indignación y llanto frente a los relatos de los testigos. “Mi hija lloraba porque no podía creer lo que estaba escuchando, y la abogada le decía que no podía intervenir. Fue un momento de profunda indignación”. La falta de acompañamiento profesional adecuado sumó estrés emocional a la víctima y su familia.

La denuncia pública como último recurso

Ante la inacción de la Fiscalía, la familia decidió hacer pública la situación a través de medios de comunicación. “Ahora queremos que se cumpla la ley como debe ser”, afirmó Daniela. La exposición mediática busca presionar a las autoridades para que actúen sobre las pruebas ya existentes y detengan al agresor, garantizando la protección de Juanita y evitando futuros riesgos.

El papel del colegio y el entorno

Otro elemento crítico del caso es la participación del colegio Salesiano, que según los abuelos permitió encuentros del padre con la niña a escondidas, violando las medidas de protección. Esto generó retrocesos en el comportamiento de Juanita, quien comenzó a tener episodios de miedo, retroceso en su desarrollo emocional y rechazo a asistir a clases. “La niña empezó a orinarse, no quería ir al colegio y lloraba. Ahí vimos que algo estaba pasando”. La complicidad de terceros resalta la necesidad de protocolos más estrictos para proteger a menores víctimas de abuso.

La lucha por justicia continúa

Actualmente, el caso permanece en espera de acción por parte de la Fiscalía, a pesar de contar con pericias psicológicas, informes médicos y testimonios de testigos que confirman el abuso. La familia insiste en que se cumpla la ley y que se procesen a los responsables sin más dilaciones. “Queremos justicia, que un fiscal vea todas las pruebas que están y que no quieran seguir diciendo que hay que hacerle más pruebas a la niña, si están todas las pruebas”, declaró Sandro. Daniela agregó “Ahora tienen las pruebas de los testigos. La pericia de la niña ya está hecha. Fiscalía debe actuar como debe actuar, con todo lo que hay”.