Aline Bisio /
“Las empresas necesitamos una vinculación más directa con el BPS”
La necesidad de fortalecer la representación empresarial en el Banco de Previsión Social, reducir los costos que afrontan las empresas y mejorar los mecanismos de comunicación con el organismo son algunos de los principales ejes que impulsa Aline Bisio, presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto e integrante de la lista 30, que participa en las elecciones de representantes sociales del directorio del BPS por el sector empresarial.
En una entrevista en el Streaming de Diario LA PRENSA, Bisio explicó que la candidatura reúne a representantes de distintas organizaciones empresariales del país y tiene como objetivo consolidar una voz que permita trasladar al directorio las dificultades, inquietudes y necesidades que enfrentan diariamente las empresas, tanto de Montevideo como del interior.
La lista es encabezada por Daniel Añón, con trayectoria en la Unión de Vendedores de Nafta, y cuenta con representantes de diferentes sectores de actividad. Entre ellos se encuentran Daniel Fernández, vinculado a Cambadu; Leonardo Slinger, de la Cámara de Comercio; Aline Bisio, en representación de la Confederación Empresarial del Uruguay; Gabriel Capurro, por el sector agropecuario, y Enrique Padial, vinculado a las cámaras de farmacéuticos.
Las organizaciones que respaldan la propuesta nuclean, además, a otras 32 cámaras empresariales, lo que permite contar con una estructura de alcance nacional y una comunicación directa con distintos sectores productivos.
Una representación empresarial sin banderas políticas
Se trata de una elección de carácter empresarial y no político. La lista 30 corresponde exclusivamente a quienes votan por la representación de las empresas dentro del BPS.
Todos los integrantes tienen experiencia directa en la actividad empresarial y participan en organizaciones gremiales que trabajan, en buena medida, de forma honoraria, defendiendo intereses colectivos.
El propósito, es lograr una participación más activa dentro del organismo y disponer de un espacio desde el cual plantear los problemas que afectan a quienes generan actividad económica y cumplen regularmente con sus obligaciones.
Consideró que es fundamental que las empresas puedan tener interlocutores dentro del BPS, capaces de transmitir sus planteos y contribuir a encontrar soluciones.
Costos, certificaciones médicas e inspecciones bajo la lupa
Entre las principales propuestas de la lista 30 figura la revisión de determinados costos estatales y de los aportes que deben afrontar las empresas. Existen obligaciones económicas que representan una carga importante, especialmente para los pequeños emprendimientos, y que podrían revisarse para facilitar la formalización y el sostenimiento de la actividad.
Otro de los temas, fue el régimen de certificaciones médicas. La representante empresarial sostuvo que es necesario mejorar los mecanismos de control y seguimiento de las certificaciones prolongadas, contemplando tanto la situación del trabajador como las consecuencias que se generan para las empresas.
Explicó que, cuando un funcionario permanece certificado durante períodos extensos, la empresa debe reorganizar su funcionamiento e incluso contratar a otra persona para mantener la producción. Esto implica asumir nuevos costos mientras continúa existiendo un vínculo laboral con el trabajador certificado.
Bisio aclaró que no desconoce la situación de quienes atraviesan problemas de salud y necesitan protección. Por el contrario, consideró que debe encontrarse un equilibrio que contemple ambas realidades. El BPS debería contar con mecanismos más eficientes de evaluación y seguimiento, especialmente cuando las certificaciones se prolongan durante varios meses.
También señaló que el sistema actual genera dificultades para las empresas cuando deben hacerse cargo de los primeros días de una certificación médica. La acumulación de ausencias de distintos trabajadores puede representar un impacto económico significativo, particularmente en empresas con plantillas reducidas.
Otro planteo refiere a las inspecciones. Debería existir una normativa clara que establezca cómo deben desarrollarse los procedimientos, cuáles son los derechos y obligaciones de los empresarios y qué pautas deben respetar los inspectores.
Sin cuestionar las potestades de fiscalización del Estado, considera necesario establecer límites y procedimientos transparentes que eviten situaciones de incertidumbre o conflictos durante las inspecciones.
Advirtió sobre la competencia desleal que enfrentan las empresas formalizadas frente a quienes desarrollan actividades sin cumplir con sus obligaciones. A su juicio, los controles deben alcanzar también a quienes permanecen fuera del sistema y no concentrarse exclusivamente en quienes aportan regularmente.
El interior necesita mayor atención y respuestas más rápidas
Como representante del norte del país y única mujer de la lista, Bisio puso énfasis en las dificultades que enfrentan las empresas del interior para comunicarse con las oficinas centrales del organismo.
Señaló que muchas veces los empresarios deben realizar trámites que quedan pendientes, esperar respuestas de Montevideo o enfrentar vencimientos sin haber obtenido una solución. En ocasiones, esa demora termina generando multas o costos adicionales.
Considera imprescindible mejorar la comunicación entre las empresas y el BPS, con canales de atención más directos y respuestas acordes a la urgencia de cada situación.
También planteó la necesidad de simplificar los trámites digitales. Si bien reconoció que muchas gestiones ya se realizan electrónicamente, advirtió que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas no siempre viene acompañada de información suficiente o de un funcionamiento adecuado.
La transformación digital, debe facilitar la vida de los contribuyentes y no convertirse en un nuevo obstáculo.
Formalización y educación sobre las obligaciones
También se abordó la situación de los pequeños emprendedores y monotributistas. Los costos de los aportes pueden dificultar el ingreso de algunos trabajadores al sistema formal y que es necesario estudiar alternativas que favorezcan la incorporación de nuevas actividades.
Un problema frecuente, es que emprendedores dejan de trabajar o abandonan una actividad, pero no realizan formalmente la baja de su empresa ante el BPS. En esos casos, las obligaciones pueden continuar generándose y acumular recargos, creando deudas que aparecen posteriormente, incluso cuando la persona busca regularizar su situación o iniciar otra actividad.
Para esto el organismo debería ofrecer información más clara y mecanismos sencillos para que cada contribuyente conozca sus derechos y obligaciones.
llamado a participar
Finalmente, Aline convocó a los empresarios habilitados a participar en las elecciones y respaldar una representación que, según afirmó, busca defender los intereses del sector desde una perspectiva gremial e institucional.
Recordó la importancia de consultar previamente el plan circuital en los sitios web de la Corte Electoral o del BPS, utilizando la credencial cívica para identificar dónde corresponde votar en cada categoría. También señaló que las representaciones empresarial, activa y pasiva tienen circuitos diferenciados.
Su mensaje apunta a fortalecer la unidad del empresariado: considera que las cámaras y las empresas deben trabajar coordinadamente para conseguir mayor incidencia en las decisiones del organismo.
“Entre nosotros, las empresas debemos cada día más apoyarnos”.