El gobierno avanza en la incorporación de dispositivos electrónicos de localización como forma de reforzar las medidas alternativas a la prisión. Según informó, una resolución firmada por el presidente Yamandú Orsi aprobó el arrendamiento de 2.600 tobilleras electrónicas a la empresa Surely S.A., por un monto superior a 10 millones de dólares. De ellas, unas 600 se destinarán a casos de violencia doméstica y de género, mientras que la mayoría será utilizada para reclusos con salidas transitorias o en libertad vigilada.