El conflicto por la nueva guía electrónica de tránsito de cargas sumó un nuevo capítulo. El movimiento de "autoconvocados", integrado por pequeños y medianos transportistas, productores agropecuarios y representantes de la horticultura, endureció su postura frente a la iniciativa impulsada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y anunció que, además de mantener la movilización nacional, recurrirá a la Justicia para intentar frenar su aplicación.

Lejos de considerar que se trata de una simple modernización administrativa, los sectores involucrados sostienen que el nuevo sistema constituye un mecanismo de control que permitirá al Estado acceder a información estratégica de empresas y productores, excediendo ampliamente el espíritu de la ley que dio origen a la guía de tránsito.

La contadora Patricia Pacman

Especialista en Derecho Tributario y asesora de los autoconvocados, afirmó que durante años se instaló la idea de que la discusión giraba en torno a un inocente formulario electrónico, cuando en realidad "se creó un sistema de recopilación y correlación de datos de toda la actividad económica". Explicó que la Ley Nº 17.209, aprobada en 2001, únicamente creó la guía de carga como documento para formalizar el contrato de transporte, sin establecer un sistema de inteligencia comercial ni de almacenamiento masivo de información. Sin embargo, aseguró que el cambio llegó con el Decreto 166 de 2013, mediante el cual el Poder Ejecutivo no sólo dispuso que la guía dejara de emitirse en papel para pasar a formato electrónico, sino que incorporó una plataforma informática capaz de registrar y cruzar una enorme cantidad de datos sobre cada viaje. Según detalló, además de identificar al remitente y al destinatario de la carga, el sistema registra el tipo de mercadería transportada, cantidades, volumen, recorrido, vehículo utilizado, fechas, horarios y más de veinte datos adicionales. "Cuando toda esa información se integra en una misma base de datos, el Estado pasa a conocer qué producen las empresas, cuánto venden, qué volumen movilizan, quiénes son sus clientes y cuáles son los sectores de mayor actividad", sostuvo Pacman.

Alcance del sistema creado por decreto

A juicio de los autoconvocados, el problema ya no es la guía de tránsito en sí misma, sino el alcance del sistema creado por decreto. Entienden que el Poder Ejecutivo avanzó mucho más allá de lo autorizado por la ley, instaurando un mecanismo de vigilancia sobre la actividad comercial y productiva que consideran desproporcionado. Por ese motivo, el movimiento resolvió intensificar las gestiones políticas y paralelamente iniciar acciones legales, con el objetivo de cuestionar la constitucionalidad y la legalidad de la reglamentación. Mientras el Ministerio sostiene que la guía electrónica permitirá mejorar la trazabilidad de las cargas y combatir la informalidad, los autoconvocados advierten que detrás de ese argumento se esconde un sistema que concentra información altamente sensible de productores, industriales, comerciantes y transportistas.

Con posiciones cada vez más enfrentadas y sin señales de acuerdo, el conflicto promete trasladarse ahora del terreno político a los estrados judiciales, donde se librará una nueva disputa sobre los límites que debe tener el Estado en el control de la actividad económica privada.