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Una familia que denuncia situaciones de acoso escolar reclama algo tan elemental como que su hijo pueda estudiar y convivir en un ambiente seguro, sin miedo a las agresiones. Sin embargo, cuando la respuesta de una institución educativa pasa por cuestionar la insistencia de los padres, minimizar los hechos o sugerirles que busquen otra escuela, el problema no solo persiste, sino que se agrava.

El bullying no se combate con reuniones formales, actas administrativas o conversaciones ocasionales con los alumnos involucrados. Esas medidas pueden ser parte de una intervención, pero no garantizan una solución. Lo verdaderamente importante es que cesen las agresiones y que el niño afectado recupere la tranquilidad y la confianza necesarias para asistir a clase.

También resulta preocupante cuando se desplaza el centro de atención y quienes denuncian terminan siendo señalados como padres conflictivos, exagerados o incómodos para la institución. De esa manera, el foco deja de estar en las conductas de hostigamiento y pasa a concentrarse en quienes tuvieron el valor de denunciarlas.

Una escuela que toma conocimiento de situaciones de acoso tiene la responsabilidad de intervenir y adoptar medidas efectivas de protección. Si las agresiones continúan, corresponde examinar qué se hizo, por qué no se logró detenerlas y qué nuevas acciones se instrumentarán.

Pedir paciencia a una familia sin ofrecer garantías concretas ni plazos de actuación equivale a dejarla frente al mismo problema que motivó su reclamo. Denunciar el bullying no debería convertirse en una dificultad adicional para los padres, sino en el primer paso para proteger a sus hijos.

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