La clausura del local bailable “La Bámbola”, ubicado en la Costanera Sur de Salto, marca el cierre de una historia que llevaba años acumulando irregularidades. La resolución de la Intendencia, firmada el 6 de abril de 2026, no fue una medida aislada ni repentina. Por el contrario, es el resultado de un proceso administrativo extenso, con múltiples inspecciones, informes técnicos y advertencias que, durante mucho tiempo, no fueron atendidas.

EL ORIGEN DE LAS ALERTAS Y LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

El tema comenzó a instalarse con fuerza en la opinión pública a partir del trabajo de Diario La Prensa. El 13 de enero de este año, bajo el título “Riñas sin freno: ¿tierra de nadie en la noche de Salto?”, se ponía el foco no solo en episodios de violencia, sino también en la falta de controles sobre algunos locales bailables. En ese contexto, se dio a conocer la existencia de un pedido de acceso a la información pública, presentado en agosto de 2025. El objetivo era claro: conocer si el local contaba con habilitación, si sus instalaciones estaban en regla y qué tipo de controles se habían realizado. A partir de allí, la investigación periodística permitió reconstruir un expediente complejo, con información dispersa pero reveladora.

PRIMERAS INSPECCIONES: SEÑALES DE ALERTA DESDE 2015

Los antecedentes muestran que los problemas no eran nuevos. Ya en una inspección realizada el 21 de agosto de 2015, técnicos municipales detectaron ampliaciones en el local que no figuraban en los planos presentados. Este tipo de irregularidades no son menores, ya que cualquier modificación estructural debe ser autorizada previamente para garantizar condiciones de seguridad adecuadas. En aquel momento, la observación fue registrada, pero no derivó en una solución concreta. El local continuó funcionando, pese a que ya existían indicios de incumplimientos.

AÑO 2018: INFORMES CONTUNDENTES Y MÁS IRREGULARIDADES

Tres años después, en agosto de 2018, una nueva inspección volvió a confirmar que la situación estaba lejos de regularizarse. El relevamiento realizado el 8 de agosto detectó varios aspectos negativos que impedían considerar al lugar apto para funcionar como boliche bailable. El 22 de agosto de ese mismo año se elaboró un informe detallado, donde se enumeraban las condiciones que debían corregirse. Estas observaciones fueron comunicadas a los responsables del local, pero, según consta en los documentos, nunca fueron levantadas.

Ante las dudas sobre la seguridad, especialmente en lo que refiere a incendios, el 25 de setiembre de 2018 se resolvió solicitar un informe a la Dirección Nacional de Bomberos. La respuesta llegó el 11 de noviembre y fue clara: el local no contaba con certificación. La falta de este requisito implica que no se habían verificado las condiciones mínimas de seguridad, como salidas de emergencia adecuadas, sistemas contra incendios o capacidad de evacuación. A pesar de la gravedad de este informe, la situación no cambió.

OBSERVACIONES QUE SE ARRASTRAN EN EL TIEMPO

El expediente de obra del padrón 20.303 refleja que las irregularidades persistieron durante años. Desde noviembre de 2020 existían observaciones técnicas sin resolver. Estas fueron reiteradas el 4 de mayo de 2022, lo que demuestra que, a pesar del tiempo transcurrido, no hubo avances en la regularización. Ese mismo día se realizó una nueva inspección. En esta ocasión, los técnicos no lograron ingresar al local, por lo que la evaluación fue únicamente exterior. Sin embargo, se dejaron constancias fotográficas y se reafirmó que las condiciones observadas anteriormente seguían sin corregirse. El informe fue elevado nuevamente a la Dirección de Obras, pero no tuvo consecuencias inmediatas. Finalmente, el expediente fue archivado en junio de 2025, sin que se hubieran solucionado los problemas señalados.

FALTA DE CONTROLES Y VACÍOS ADMINISTRATIVOS

Otro aspecto que surge de la documentación es la falta de intervención de algunas áreas clave. Según consta en informes oficiales, la Inspectoría Departamental no realizó inspecciones específicas sobre las construcciones del local. Esto genera dudas sobre la coordinación entre las distintas dependencias municipales. Mientras algunos informes advertían riesgos y señalaban incumplimientos, no hubo un seguimiento efectivo que obligara a corregir las irregularidades.

SIN HABILITACIÓN DEFINITIVA Y CON PERMISOS PROVISORIOS

En paralelo, la situación administrativa del local también era irregular. “La Bámbola” nunca contó con una habilitación comercial definitiva. A lo largo de los años, funcionó bajo permisos provisorios, pese a que la normativa vigente exige cumplir con condiciones estrictas para este tipo de actividad. A esto se suma su ubicación en la faja costera, donde se requiere la intervención de organismos ambientales. Este punto también había sido observado en informes previos, sin que se registraran avances concretos.

 CLAUSURA Y SANCIÓN

Con todos estos antecedentes, la Intendencia resolvió finalmente la clausura del local. La medida se fundamenta en tres aspectos principales: la falta de habilitación comercial, las deficiencias constructivas y la ausencia de certificación de Bomberos. Además del cierre, se aplicó una multa en Unidades Reajustables y se dio intervención a distintos organismos, como Prefectura, Policía y Bomberos, para asegurar el cumplimiento de la resolución. La investigación de Diario La Prensa fue clave para reconstruir cada etapa de este proceso, aportando información que hoy permite entender por qué se llegó a esta instancia. Con el local clausurado, la discusión queda abierta: cómo evitar que situaciones similares se repitan y qué cambios son necesarios para garantizar una noche más segura en Salto.