La cooperativa social Hard Work (Trabajo Duro) atraviesa uno de los momentos más complejos desde su creación. Luego de más de siete años de labor ininterrumpida para Obras Sanitarias del Estado (OSE), el directorio del organismo resolvió no renovar el contrato vigente y posteriormente rescindirlo, dejando sin empleo a 29 familias de la ciudad de Salto.

Decisión comunicada por telegrama

La decisión fue comunicada mediante telegrama pocos días antes del vencimiento del contrato, que se extendía hasta el 15 de febrero. Según manifestaron integrantes de la cooperativa, no se les brindaron fundamentos detallados que explicaran las razones de la medida.

Un servicio esencial en la vía pública

Desde 2018, Hard Work desarrollaba tareas directamente vinculadas al mantenimiento y funcionamiento de la red de agua potable en distintos barrios de la capital departamental.

Las labores incluían detección y reparación de pérdidas en la vía pública, arreglos de cañerías rotas, mantenimiento preventivo de conexiones domiciliarias, conexiones y empalmes de caños, cambio de medidores, reparaciones en redes troncales, sustitución de llaves de red y trabajos relacionados con el saneamiento y caños madres.

En muchos casos, los operarios intervenían en situaciones complejas, trabajando en la vía pública bajo condiciones climáticas adversas y contextos considerados insalubres, cumpliendo —según señalan— con los protocolos de seguridad establecidos.

Además del trabajo operativo, la cooperativa cumplía funciones de apoyo logístico y administrativo, coordinando órdenes de servicio y manteniendo comunicación permanente con las cuadrillas técnicas del organismo.

De acuerdo a sus integrantes, el servicio era considerado esencial, permitiendo dar respuesta ágil a reclamos vecinales y contribuyendo al mantenimiento de la infraestructura sanitaria de la ciudad.

Trayectoria y marco institucional

Hard Work fue conformada en el marco de las cooperativas sociales impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Durante estos años atravesó distintos cambios de gobierno y de administración, así como períodos de interrupción contractual, aunque siempre logró retomar funciones.

Desde la cooperativa aseguran que las evaluaciones de desempeño fueron satisfactorias y que cuentan con constancias que así lo acreditan. Incluso tras observaciones administrativas realizadas este año, continuaron prestando servicios hasta el último día de contrato, cumpliendo con aportes y obligaciones legales.

Observaciones y reducción del plantel

En 2025, el directorio de OSE planteó observaciones vinculadas a la integración de la cooperativa, señalando un presunto incumplimiento de un artículo que limita la cantidad de trabajadores contratados en relación con los socios.

A partir de esa interpretación, se exigió el cese de 20 trabajadores, cuando la cooperativa contaba con 29 integrantes. La medida redujo el plantel a nueve personas —siete socios y dos administrativos—, quienes continuaron desempeñando tareas hasta la finalización del contrato. Finalmente, la no renovación dejó sin actividad a la totalidad del grupo.

“Detrás de cada trabajador hay una familia”

En diálogo con La Prensa, Maximiliano Bordenave, integrante de la cooperativa, describió el impacto humano de la resolución. “Detrás de cada trabajador hay una familia, hay hijos, alquileres, créditos y vencimientos que siguen corriendo”, expresó. Según indicó, muchos integrantes asumieron compromisos económicos confiando en la continuidad laboral que durante años se renovó de forma anual. “No se trata solo de un contrato que no se renueva. Son 29 hogares que desde octubre quedaron sin ingresos estables y hoy deben afrontar cuentas y responsabilidades sin saber cómo seguir”, señaló.

Impacto social en un contexto delicado

La situación se produce en un escenario complejo para el empleo en nuestro departamento. Las 29 personas afectadas representan igual número de hogares que quedaron sin sustento en un departamento donde la desocupación continúa siendo una de las principales preocupaciones.

Además del impacto laboral, integrantes del colectivo sostienen que la interrupción del servicio comienza a percibirse en la ciudad, con demoras en reparaciones y pérdidas de agua visibles en distintos barrios.

Mientras evalúan los pasos a seguir, el grupo busca visibilizar la situación y abrir un canal de diálogo que permita revisar el caso o, al menos, esclarecer los fundamentos de la decisión.