Sr. Director, agradezco publique las siguientes líneas.

Una nueva modalidad del “cuento del tío” se expande con rapidez en redes sociales y golpea, una vez más, a quienes menos tienen. Se trata de inescrupulosos que se hacen pasar por integrantes de supuestas familias o personas “que trabajan en campaña” y ofrecen en alquiler casas modestas sin que sus verdaderos dueños tengan la menor idea.

Las publicaciones aparecen en grupos de Facebook, estados de WhatsApp o perfiles aparentemente reales. Las fotos muestran viviendas sencillas, prolijas, ubicadas en barrios populares. El detalle clave es el precio: tentador, accesible, muy por debajo del promedio del mercado. Ese gancho resulta irresistible para madres solteras, trabajadores informales, familias que no cuentan con garantía de alquiler o personas que figuran en el clearing y ven cerradas las puertas de inmobiliarias formales.

El mecanismo está cuidadosamente armado. Una vez que el interesado se comunica, el supuesto arrendador responde con cordialidad. Explica que la propiedad pertenece a una familia que “vive en campaña” y que por eso él o ella se encarga de mostrarla. Se pacta una visita. La casa, efectivamente, existe. A veces está desocupada; otras, simplemente se muestra desde afuera. El entorno refuerza la ilusión de que todo es legítimo.

Si al potencial inquilino le convence, llega el momento clave: “Hay otros interesados”, advierten. Para asegurar la operación, solicitan una seña de mil o dos mil pesos, una suma relativamente baja que no despierta grandes sospechas pero que, multiplicada por varias víctimas, se convierte en un negocio redondo. El argumento final es siempre el mismo: “Hay que esperar que venga la hija de campaña el fin de semana para firmar el contrato”.

La espera nunca termina. El fin de semana pasa, el contrato no aparece y los mensajes dejan de responderse. Cuando la víctima intenta reclamar, descubre que el perfil fue dado de baja o bloqueado. Lo más indignante es que la misma vivienda continúa siendo ofrecida en alquiler a otros incautos, incluso después de haber sido “señada” por varias personas.

Estos estafadores actúan con una confianza alarmante. Piden transferencias bancarias y proporcionan su número de cédula, convencidos de que nada les ocurrirá. Esa impunidad percibida es parte del problema. La trazabilidad de las operaciones y los datos que ellos mismos entregan deberían facilitar la investigación. Sin embargo, las denuncias muchas veces se diluyen o avanzan con lentitud, mientras el daño ya está hecho.

No se trata solo de dinero. Para quien vive al día, mil o dos mil pesos pueden significar la comida de la semana, el pago de una cuenta atrasada o la esperanza de acceder a un techo digno. Jugar con esa necesidad es una forma particularmente cruel de delincuencia.

La Policía cuenta con herramientas para desarticular rápidamente estas maniobras y poner a los responsables a disposición de la Fiscalía. Y la Justicia debería actuar con firmeza, no solo por el monto de cada estafa, sino por la reiteración y el perfil de las víctimas. Lo que hacen estos individuos no es una simple picardía ni una “viveza criolla”: es una canallada que golpea a los más humildes y erosiona la confianza social.

Mientras tanto, la prevención es clave: desconfiar de precios demasiado bajos, no entregar dinero sin contrato firmado y verificar siempre la identidad y la titularidad real de la propiedad. Porque detrás de cada publicación engañosa hay una familia que vuelve a empezar desde cero, con menos dinero y más desconfianza.

(Salteño indignado)