El debate en torno a la consagración de un Mínimo Vital Gratuito de agua potable para todos los uruguayos no es un postulado aislado ni una ocurrencia circunstancial. Por el contrario, se halla profundamente enraizado en nuestra más rica tradición legislativa, en el marco constitucional y en los consensos internacionales más avanzados en materia de derechos humanos. Reconocer la primacía de las necesidades sociales por encima de la lógica financiera del mercado representa la ratificación de un compromiso histórico que nuestra nación asumió hace más de medio siglo.

LO SOCIAL ANTES QUE LO ECONÓMICO

Fue a mediados del siglo XX, al promulgarse en 1952 la Ley Nº 11.907 de creación de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), cuando el legislador uruguayo consagró de forma pionera el principio de que las razones de orden social debían primar por sobre las de orden económico. Aquella norma fundacional concibió a la empresa pública con un claro propósito humanista: la provisión de agua potable y la salubridad de la población no podían administrarse bajo el frío afán comercial de una empresa privada, sino como un servicio público esencial destinado a elevar la calidad de vida de todos los habitantes.

Esta orientación social, nacida en la ley orgánica de O.S.E., alcanzó su máxima jerarquía jurídica cuando el pueblo uruguayo aprobó la histórica reforma constitucional del 31 de octubre de 2004. Al incorporarse al Artículo 47 de la Constitución de la República, aquel precepto legal se elevó a rango constitucional, consagrando el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental y ordenando que la tarifa del servicio no se convierta jamás en una barrera que condicione la subsistencia o la dignidad de las familias.

RECONOCIMIENTO DE LAS NACIONES UNIDAS

A nivel internacional, este enfoque coincide plenamente con los pronunciamientos de los máximos organismos multilaterales. La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su emblemática Resolución 64/292, reconoció formalmente el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. De manera congruente, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han subrayado la obligación de los Estados de garantizar la asequibilidad del agua, asegurando que los sectores vulnerables no queden desamparados frente al costo de los servicios básicos.

La aprobación del Mínimo Vital Gratuito de cinco metros cúbicos mensuales en cada contador del país armoniza en un solo texto el espíritu pionero de la ley de creación de O.S.E. de los años cincuenta, el mandato del Artículo 47 constitucional y los pronunciamientos de la ONU y la OEA. Al aplicar esta norma de forma universal a través de nuestro único prestador estatal, Uruguay no solo honra su historia de justicia social, sino que ratifica ante la comunidad internacional que la salud de su pueblo y la equidad están siempre por encima de cualquier planilla de cálculo.