En una reciente entrevista radial, el edil del Partido Nacional y miembro de la coalición republicana en Salto, Dr. Cristian Suárez, abordó dos temas que han generado intenso debate en el departamento: la regulación de las licencias sindicales y la inconstitucionalidad de retener vehículos hasta el pago de multas.

Licencias sindicales: ¿derecho o abuso?

Según Suárez, la intendencia tiene la potestad legal de dictar resoluciones sobre licencias sindicales, ya que es responsabilidad del intendente velar por el cumplimiento de las leyes y convenios. Sin embargo, señaló que el convenio vigente desde 2007 llevaba más de 15 años sin ser regulado, lo que habría permitido abusos.

Uno de los casos más polémicos es el de un dirigente sindical que, según el edil, lleva más de 10 años sin presentarse a su puesto de trabajo. Suárez sostiene que la representación sindical no debería implicar alejarse por completo de las funciones laborales, ya que “el funcionario está para la función, y no la función para el funcionario”.

El edil enfatizó que regular no significa limitar derechos sindicales, sino garantizar que no se afecte la administración pública. Para él, un dirigente debe equilibrar su labor gremial con el contacto directo con sus compañeros en el lugar de trabajo.

El sindicalismo y la política

Suárez también cuestionó declaraciones del presidente de ADEOM, Juan Carlos Gómez, quien en un acto sindical calificó de “coalición reaccionaria” al actual gobierno departamental y expresó que no permitiría que este “experimento” se extendiera a otros departamentos.

Para el edil, ese discurso fue “netamente político” y no representa a todos los trabajadores. Recalcó que un sindicato debe defender los intereses de sus afiliados sin convertirse en un brazo partidario. “No es bueno generalizar”, dijo, “pero en este caso, el presidente de ADEOM actuó como dirigente político antes que sindical”.

Retención de vehículos: un fallo que cambia las reglas

Otro asunto que Suárez abordó fue el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la retención de un vehículo hasta que el propietario pague la multa.

El edil explicó que, si bien Tránsito puede incautar un vehículo por infracciones graves como conducir bajo efectos de alcohol o drogas, no puede retenerlo como condición para el cobro de una sanción. Según la Constitución y tratados internacionales, todo ciudadano tiene derecho a defenderse y acceder a la justicia sin que esto esté condicionado a un pago previo.

Este cambio, señaló, no implica tolerar conductas peligrosas, sino evitar que la administración perjudique indebidamente al propietario del vehículo. La comisión de legislación de la Junta Departamental ,que Suárez preside, ya estudia distintas alternativas, como permitir que un conductor habilitado retire el vehículo o que el dueño pueda recuperarlo acreditando su derecho, mientras continúa el proceso sancionatorio.

Diálogo y responsabilidad

Suárez destacó que el diálogo entre la intendencia y ADEOM ha sido en ocasiones cordial y productivo, pero advirtió que las declaraciones incendiarias fuera de la mesa de negociación erosionan la confianza y dificultan acuerdos. Para él, es fundamental mantener la coherencia entre lo que se dice en público y lo que se negocia en privado.