El caso de “Alba” —nombre ficticio utilizado para proteger su identidad— vuelve a colocarse en el centro del debate público tras años de idas y vueltas judiciales. La niña, hoy de nueve años, denunció a los cuatro der haber sido víctima de abuso por parte de su padre. Desde entonces, su historia ha atravesado fiscalías, juzgados, organismos del Estado y hasta el Parlamento, sin que hasta el momento exista una resolución definitiva.

La situación tomó notoriedad pública cuando el diario El País publicó el caso en noviembre, dedicándole la portada y dos páginas completas. Sin embargo, para la Asociación Civil Familia Grande, con sede en Salto, el caso no es nuevo. Explicó su presidenta, Dra. Luisa Bernasconi, a La Prensa que la organización acompaña la situación desde hace cuatro años, aunque recientemente asumió formalmente la representación.

La denuncia original fue presentada por la madre en 2020, luego de que la niña relatara episodios de abuso. De acuerdo con lo expresado por Bernasconi, la menor fue entrevistada por peritos forenses, tanto de la órbita judicial como en instancias particulares, y los informes coincidieron en que existían elementos compatibles con abuso. “Una niña de cuatro años no puede inventar una historia de esta magnitud y sostenerla en el tiempo con la misma narrativa”.

Un expediente que pasó por múltiples manos

A lo largo de estos cinco años, el expediente acumuló entre 700 y 800 páginas y pasó por diversas fiscalías y juzgados en Artigas. Según la representante de Familia Grande, hubo cambios de fiscales, renuncias y traslados que incidieron en la falta de definición del caso.

En determinado momento, el expediente recayó en la Fiscalía de Bella Unión. Allí, el año pasado, se resolvió archivarlo por considerar que no había mérito suficiente para continuar la investigación. Esa decisión fue apelada, lo que permitió que el caso volviera a ser analizado y, finalmente, fuera derivado a la Fiscalía de Salto.

Para la organización y la familia materna, este traslado representa una nueva oportunidad. “Tenemos esperanza en los fiscales salteños, que han demostrado capacidad para resolver casos complejos”. La expectativa está puesta en que se revise en profundidad el voluminoso expediente y se valore la prueba producida en estos años.

La custodia y la situación actual de la niña

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la situación de custodia. En marzo de 2023, la niña fue retirada de la tenencia de su madre y su abuela materna. Según se indicó, la madre habría incurrido en desacato en el marco de una resolución judicial, en un contexto de fuerte tensión y desesperación.

La custodia fue otorgada a los abuelos paternos, quienes conviven con el padre denunciado. Si bien formalmente la niña reside con sus abuelos, mantiene contacto frecuente con su progenitor. Desde la perspectiva de la madre y la asociación que la acompaña, esto implica que la menor continúa en un entorno que consideran riesgoso.

Además, se señala que actualmente la niña no mantiene vínculo con su madre ni con su abuela materna. Según Bernasconi, esto respondería a un proceso de distanciamiento progresivo que se produjo tras el cambio de custodia.

Informes técnicos y controversias

Otro punto central gira en torno a los informes técnicos. Inicialmente, algunos reportes del INAU habrían sido desfavorables a la madre. Sin embargo, más adelante el organismo solicitó la intervención de la ONG El Paso, especializada en violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

En marzo del año pasado, la directora de esa organización elaboró un informe en el que también se concluía que existían elementos que respaldaban la denuncia de abuso. De acuerdo con lo manifestado, ese documento no habría sido incorporado oportunamente al expediente judicial, aunque recientemente fue presentado ante la Fiscalía de Salto.

La coexistencia de distintos informes y criterios técnicos es uno de los factores que complejizan el análisis del caso. Para la familia materna, las pruebas acumuladas son suficientes; para otros actores judiciales, no habrían alcanzado el estándar necesario para formalizar al denunciado.

La decisión clave del fiscal

El nuevo Código del Proceso Penal otorga al fiscal un rol determinante en esta etapa. La Fiscalía de Salto dispone de la potestad de archivar definitivamente el caso o continuar con la investigación, solicitando nuevas pruebas y citando testigos.

El plazo para que el fiscal se expida sobre si continúa o no con el estudio del expediente tiene una fecha concreta de vencimiento. No se trata aún de una eventual formalización, sino de la definición sobre si el caso seguirá su curso o será nuevamente archivado.

Para la Asociación Civil Familia Grande y la familia materna, la expectativa es que se opte por profundizar la investigación. “Queremos justicia”, expresó Bernasconi. La eventual formalización del padre implicaría, según se explicó, un cambio inmediato en la situación de la niña.

Un caso que interpela al sistema

Más allá del desenlace, el caso “Alba” deja al descubierto las tensiones y desafíos del sistema de protección de la infancia. La duración del proceso, los cambios de criterio, las decisiones contradictorias y la exposición pública configuran un escenario complejo.

Para la familia materna, estos cinco años han sido una lucha constante ante distintas instituciones, incluyendo presentaciones ante la Suprema Corte y el Parlamento. Del otro lado, la ausencia de una condena firme mantiene la presunción de inocencia del denunciado.

Mientras tanto, la vida de la niña transcurre en medio de un conflicto judicial que ha marcado gran parte de su infancia. La decisión que adopte la Fiscalía de Salto no será el final del camino, pero sí un punto de inflexión en una causa que, tras cinco años, aún espera una respuesta definitiva.