El debate sobre la creación de la Guardia Departamental y la instalación de un sistema de 500 cámaras de videovigilancia en Salto se instaló formalmente en la agenda política y social local. Para analizar el verdadero alcance de esta propuesta, conversamos con el reconocido abogado penalista salteño, el Dr. Claudio Opazo, quien expresó una visión sumamente crítica e incrédula respecto al proyecto impulsado por la Intendencia.

Entre la desilusión y el choque de competencias

Para Opazo, la iniciativa dista de representar un hito revolucionario en materia de seguridad. En su opinión, lo presentado no excede las tareas que históricamente han cumplido los serenos, inspectores y el personal de vigilancia municipal en plazas, parques y la costanera. El penalista remarcó que el texto genera una importante confusión jurídica. Argumenta que atribuirle al nuevo cuerpo municipal tareas de carácter "preventivo y disuasivo" invade áreas reservadas de forma exclusiva a la Policía Nacional. De acuerdo con la Ley de Procedimiento Policial (N° 18.315), el monopolio de la prevención, la disuasión y el orden público le corresponde al Estado central. Pretender asignar potestades de intervención o seguridad pública a funcionarios municipales resulta, a su juicio, ilegal.

Videovigilancia y gestión de recursos

Con respecto a la colocación de 500 cámaras de videovigilancia y la articulación con el Ministerio del Interior, el Dr. Opazo advirtió que la tecnología por sí sola no evita la ocurrencia de delitos predatorios. Su función es fundamentalmente probatoria y de seguimiento posterior, requiriendo un despliegue operativo y analítico constante.

Además, cuestionó la oportunidad del gasto que implica la contratación de 33 nuevos agentes para la guardia, señalando que esos recursos económicos tendrían mayor impacto social y preventivo si se destinaran a áreas de Cultura, Juventud, Deportes o Desarrollo Social de la Comuna.

El debate sobre el uso de los espacios públicos

Al abordar la intención de restringir el consumo de tabaco, cannabis o alcohol en paseos públicos, Opazo sostuvo que las prohibiciones rígidas suelen provocar un mero "desplazamiento" de las conductas hacia otras zonas no reguladas en lugar de erradicarlas. Reconoció, no obstante, el reciente avance legislativo en la Cámara de Diputados sobre restricciones en áreas recreativas para menores, aunque insistió en que la mejor manera de revitalizar los espacios públicos es dotándolos de actividades comunitarias continuas.