La Junta Departamental de Salto emitió la Resolución Nº 62/2026 en la que expresa su rechazo a las recientes medidas del Gobierno Nacional que combinan un aumento en el precio de los combustibles con una drástica reducción del beneficio del IMESI en zonas de frontera. La decisión, vigente desde el 1º de mayo, fija el descuento en apenas 15%, profundizando un recorte sostenido que, en menos de un año, pasó del 40% al nivel actual.

Un impacto acumulado que golpea al consumo y al comercio

Según la resolución, el efecto combinado de estas políticas ha generado un incremento significativo en el precio final de los combustibles para los consumidores salteños, alcanzando aproximadamente los $74,8 por litro en la nafta súper. Esto implica una suba cercana al 19% en lo que va del año, en un contexto donde además el gasoil aumentó un 14% a nivel nacional. El documento también advierte sobre la creciente brecha de precios con la ciudad argentina de Concordia, que supera el 40% en términos generales y alcanza más del 25% en el rubro combustibles. Esta diferencia incentiva el consumo transfronterizo y provoca una fuga constante de recursos que afecta directamente al comercio local.

Críticas a la falta de diálogo y visión territorial

La Junta cuestiona duramente la falta de instancias de diálogo previo por parte del Gobierno, señalando que las medidas se adoptaron sin estudios de impacto regional ni consultas a actores locales. En ese sentido, se apunta contra organismos como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General Impositiva, a quienes se les reclama mayor sensibilidad hacia las particularidades de las economías de frontera. Asimismo, se advierte que estas decisiones responden a una lógica fiscal de corto plazo, sin contemplar estrategias de desarrollo territorial sostenibles ni la implementación plena de herramientas como la Ley Nº 20.419, destinada a mitigar las asimetrías con países vecinos.

Consecuencias sociales y reclamo político

La resolución subraya que el encarecimiento del combustible reduce la competitividad del sector empresarial formal, fomenta el comercio informal y pone en riesgo fuentes de empleo en el litoral norte. En este contexto, la Junta Departamental exige la revisión inmediata del porcentaje de devolución del IMESI y la apertura de una mesa de diálogo con autoridades nacionales, incluyendo al presidente Yamandú Orsi. El objetivo, es construir una política de frontera que contemple la equidad territorial y promueva un desarrollo económico más equilibrado. La resolución será remitida a diversos organismos nacionales y departamentales, así como a actores sociales y económicos de la región, en busca de respaldo institucional frente a una medida que consideran profundamente perjudicial para Salto y el litoral uruguayo.