Cuando en 2007, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, Ancap elaboró un plan estratégico para invertir 118 millones de dólares en sus plantas de Cemento Portland en Paysandú y Minas, pocos imaginaron el descontrol que vendría después. El plan no solo fracasó en sus objetivos, sino que el monto de la inversión terminó más que duplicándose: se gastaron 251 millones de dólares. Y, a pesar del desembolso, las plantas continuaron generando pérdidas millonarias.

Lejos de corregirse el rumbo, Ancap proyectaba invertir 230 millones adicionales en esas plantas, elevando la cifra total a 481 millones de dólares, sin que el negocio fuera rentable. Solo entre 2014 y 2016, las pérdidas operativas fueron de 29, 22 y 12 millones de dólares respectivamente. Todo esto fue reconocido por el propio gerente encargado de Portland ante la Comisión Investigadora del Senado.

Planta de Cal en  Treinta y Tres

El caso de la planta de cal en Treinta y Tres fue igual de alarmante. El presupuesto inicial era de 45 millones, pero el costo final trepó a 147 millones de dólares. ¿Resultado? Ninguna ganancia y más pérdidas. A esto se suman 9 millones de dólares en multas entre 2014 y 2015 por entregar materiales de calidad inferior a lo comprometido.

Planta desulfurizadora de La Teja

Otro caso emblemático es el de la planta desulfurizadora de La Teja. Proyectada inicialmente en 80 millones de dólares, su costo final ascendió a 421 millones. La ceremonia de inauguración fue un show político encabezado por la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, con una fiesta que costó más de un millón de dólares, incluyendo carpas, catering, audio y promoción.

Proyecto Gas Sayago

El delirio no termina allí. Ancap y UTE emprendieron el proyecto Gas Sayago con el objetivo de construir una planta regasificadora para vender gas a Argentina, uno de los cinco mayores productores del mundo. La lógica comercial era inexistente, pero igual se avanzó. Tras rescindir el contrato con la constructora, se intentó cobrar una multa de 100 millones, pero el Estado ya había desembolsado 140 millones solo en dragado y conexión de gasoducto. En total, esta aventura costó unos 250 millones de dólares… sin producir un solo metro cúbico de gas.

Horno de Paysandú

A esto se suma el horno de Paysandú, que costó 60 millones y terminó abandonado y oxidándose en el puerto. O la insólita compra de sillas para una oficina al módico precio de 77 mil pesos cada una. El denominador común en todas estas iniciativas es el despilfarro, la improvisación y la falta de consecuencias. Entre los costos proyectados y los gastos finales, la diferencia supera los 830 millones de dólares. Cualquier empresa privada que cometiera semejantes errores enfrentaría auditorías, sanciones y renuncias. Pero como Ancap es una empresa estatal, nadie asumió responsabilidades.

En Uruguay, parece que las cometas no vuelan solo en primavera. En todas las estaciones hay alguien elevando una, con el viento firme del dinero público.