La inauguración de la Expo Salto 2026 volvió a poner en debate una de las problemáticas más dolorosas y destructivas para el sector agropecuario del norte uruguayo, el constante acoso de las jaurías de perros a las majadas y la preocupante mortandad de ovinos provocada por esta causa. Durante el acto de apertura de la muestra, el presidente de la Asociación Agropecuaria alzó la voz para reflejar la indignación  de los productores que ven amenazada la continuidad de su trabajo.

En este marco de inquietud, la cobertura de Diario La Prensa desde su propio stand en la exposición agropecuaria profundizó en el tema mediante una entrevista exclusiva con el Dr. José Luis Camejo, quien analizó las herramientas legales vigentes, los obstáculos burocráticos y la falta de presupuesto gubernamental para hacer frente a esta crisis.

El Código Rural y las trabas legales

El Dr. Camejo expresó que los productores, especialmente quienes poseen establecimientos cerca de los pueblos y sufren ataques constantes, cuentan con un amparo legal que muchas veces se desconoce o no se ejerce por desinformación. "Hay un artículo del Código Rural que está vigente, el artículo 125... Los invito a toda la audiencia a que vayan y lo lean", afirmó el especialista. Explicó que dicha normativa habilita explícitamente a defender a la majada y a los animales en general ante la presencia de perros sin dueño en los predios rurales.

Sin embargo, ejercer esta defensa implica complejos dilemas prácticos y legales. Como ha quedado en evidencia en casos recientes, los productores se ven forzados a recurrir a armas de fuego, lo que requiere contar con la habilitación de tenencia (TATA) y cumplir con estrictos marcos regulatorios. Esta exigencia burocrática convierte una necesidad defensiva en una complicación adicional para el trabajador del campo.

Falta de recursos y leyes "al grito"

Como alternativa histórica, Camejo recordó la posibilidad de implementar brigadas de protección o contratar cazadores especializados, de manera similar a como se combate la plaga del jabalí. No obstante, remarcó que el problema de fondo radica en un descontrol generalizado y en un marco legal ineficiente.

 Se suelen promulgar "leyes al grito" que luego resultan inaplicables por la escasez de rubros, fondos y personal. "Está muy lindo todo esto que dicen que van a chipear los perros y castrarlos, pero después no hay con qué hacerlo, ni con recursos humanos ni económicos". Cuestionó la capacidad de respuesta del Ministerio del Interior, argumentando que si la fuerza pública no cuenta con efectivos suficientes para atender situaciones de emergencia urbana como las rapiñas, difícilmente podrá acudir al llamado por ataques de perros en el medio rural.