A más de cuatro años del inicio de un caso que involucra a una menor de edad, sus abuelos, Daniela Alzamendi y Sandro Thedy, volvieron a manifestar públicamente su preocupación por la falta de avances en la Justicia. En una entrevista en el Streaming de Diario La Prensa expresaron su desconcierto ante la demora en la resolución fiscal, pese a que el expediente cuenta con pruebas suficientes y testimonios concluyentes.

El proceso comenzó cuando la niña tenía apenas dos años y medio. Hoy, con casi siete años, la familia continúa a la espera de definiciones. “Está todo claro en el expediente”, sostuvo Alzamendi, quien remarcó que la menor fue escuchada por profesionales y que todos los testigos convocados prestaron declaración. En ese sentido, la familia insiste en que no existen razones aparentes para prolongar más la investigación. Por su parte, Thedy señaló que la fiscal a cargo habría solicitado más tiempo para estudiar el caso, con la promesa de expedirse durante el mes de mayo. Sin embargo, la falta de una fecha concreta incrementa la incertidumbre. “No sabemos por qué tanta demora cuando están todas las pruebas”, expresó, reflejando la inquietud que atraviesa a todo el entorno familiar.

Preocupación por posibles visitas y próximas audiencias

Lo que genera mayor alarma a la familia es la posibilidad de que se habiliten visitas vinculadas al entorno del denunciado antes de que exista una resolución definitiva en el ámbito penal. Según explicaron, hay una audiencia prevista en el ámbito de familia, lo que podría abrir la puerta a contactos que consideran inapropiados en el contexto actual. Alzamendi señaló que quienes solicitan visitas nunca mostraron interés previo por la niña. “En todo este tiempo jamás se acercaron”, sugiriendo además que dichas personas habrían tenido actitudes que, a su entender, entorpecieron el proceso judicial. La preocupación radica en que estas instancias avancen sin que se haya esclarecido completamente el caso principal. Para la familia, esto representa un riesgo y una contradicción dentro del sistema judicial, especialmente tratándose de una menor de edad.

Convocatoria a una marcha para visibilizar el caso

Frente a este escenario, los abuelos decidieron convocar a una marcha pública que tendrá lugar el sábado 9 de mayo a las 15:30. La movilización busca visibilizar la situación y reclamar celeridad en la actuación de la Justicia. Según adelantaron, la convocatoria ha tenido repercusión en distintas localidades, con personas que ya confirmaron su presencia desde varios puntos del país. Además, planean distribuir material informativo y dialogar con quienes se acerquen, con el objetivo de dar a conocer el caso y generar conciencia. “Esto no puede quedar impune”, remarcaron, al tiempo que destacaron que la iniciativa también pretende acompañar a otras familias que atraviesan situaciones similares. La marcha no solo será un reclamo puntual, sino también un espacio de expresión para quienes consideran que los derechos de los niños no están siendo debidamente protegidos.

El rol de la familia y la protección de la menor

Durante la entrevista, los abuelos también explicaron por qué la madre de la niña no ha tenido exposición pública. Según indicaron, se trata de una decisión consciente para preservar la intimidad de la menor, ya que la madre trabaja con niños y busca evitar cualquier situación que pueda afectarla. “Nosotros damos la cara para no exponerla a ella”, explicó Thedy, subrayando que el objetivo principal es resguardar el bienestar de la niña mientras se desarrolla el proceso judicial. En ese sentido, llevaron tranquilidad al afirmar que la menor se encuentra bien en la actualidad, aunque remarcaron que la situación vivida ha sido compleja y prolongada en el tiempo.

Críticas al sistema y falta de respuestas institucionales

Más allá del caso puntual, los entrevistados plantearon una crítica más amplia hacia el funcionamiento del sistema. Señalaron que han intentado contactar a distintos actores políticos sin obtener respuestas concretas, lo que incrementa su sensación de desamparo. “Se habla mucho de los niños, pero se hace poco”, expresó Thedy, cuestionando la falta de acciones efectivas en casos sensibles. Según su visión, existen fallas desde el momento mismo en que se realizan las denuncias, lo que impacta negativamente en las víctimas y sus familias. Ambos coincidieron en que la situación no es aislada y que muchas otras personas atraviesan experiencias similares. Por ello, consideran que la marcha puede convertirse en un punto de encuentro y visibilización de una problemática más amplia.

A la espera de una resolución

Mientras se acerca el mes de mayo, la familia mantiene la expectativa de que finalmente se produzca una definición por parte de la fiscalía. La incertidumbre, sin embargo, persiste, especialmente ante la proximidad de otras instancias judiciales. “Nosotros no vamos a descansar”, reafirmando el compromiso de continuar reclamando justicia. En la misma línea, Alzamendi aclaró que no buscan privilegios, sino simplemente que las instituciones actúen conforme a derecho. La resolución del caso será clave no solo para esta familia, sino también como señal del funcionamiento del sistema frente a situaciones que involucran a menores. El desenlace, esperado desde hace años, podría finalmente llegar en las próximas semanas. Entretanto, el reclamo continúa en las calles y en los medios, con una consigna clara: justicia y protección para la infancia.