Lo que en su momento fue presentado como una de las mayores operaciones de inteligencia contra el contrabando en la frontera norte terminó, más de una década después, sin sanciones administrativas y con un nuevo reclamo contra el Estado. Según informó el diario Diario El País, el último funcionario que seguía siendo investigado en el marco de la llamada Operación “Judas” ahora reclama el pago de más de doce años de salarios retenidos, luego de que se determinara que el procedimiento disciplinario caducó por exceso de plazo.

UN OPERATIVO QUE SACUDIÓ A ADUANAS

La investigación se inició en abril de 2013 y fue llevada adelante por la Dirección Nacional de Aduanas con el objetivo de desarticular una red de contrabando que ingresaba mercaderías desde Brasil hacia Uruguay. El operativo tuvo gran repercusión en su momento. Hubo 72 personas detenidas y 31 procesadas, entre ellas seis funcionarios de Aduanas que fueron acusados de facilitar el ingreso ilegal de distintos productos por la frontera. El caso dejó al descubierto debilidades en los controles fronterizos y generó fuertes cuestionamientos sobre posibles hechos de corrupción en organismos estatales.

UN SUMARIO QUE SE EXTENDIÓ POR AÑOS

A raíz de la investigación penal, en mayo de 2013 la Dirección Nacional de Aduanas inició un sumario administrativo contra los funcionarios involucrados. En ese momento fueron separados de sus cargos y se dispuso la retención de sus haberes mientras avanzaba la investigación. Con el paso del tiempo, el expediente fue perdiendo investigados. Cuatro de los funcionarios cesaron por edad y uno falleció, por lo que el proceso continuó únicamente con un funcionario que había sido procesado en 2013.

EL PROCESO TERMINÓ CADUCADO

Tras más de doce años de trámite, se intentó avanzar con la destitución del funcionario que seguía dentro del expediente. Sin embargo, un dictamen del Oficina Nacional del Servicio Civil determinó que el procedimiento disciplinario había caducado porque la Administración superó ampliamente los plazos legales para resolver el caso. La caducidad implica que el proceso administrativo queda sin efecto y que ya no es posible aplicar sanciones dentro de ese expediente.

IRREGULARIDADES Y DEMORAS

De acuerdo con el informe citado por Diario El País, durante el proceso también se detectaron varias irregularidades. Entre ellas, que el sumario no fue registrado en el sistema correspondiente del Estado y que el funcionario no habría sido informado en algunas instancias sobre su derecho a contar con asistencia legal. Además, se constató que en ciertos momentos no fue notificado sobre la producción de pruebas, lo que le impidió ejercer el control correspondiente. A esto se suma otro episodio llamativo: el expediente judicial estuvo extraviado durante varios meses entre 2014 y 2015, lo que también retrasó el avance del trámite administrativo.

LA CAUSA PENAL TAMBIÉN PRESCRIBIÓ

En paralelo, la investigación en la Justicia también terminó sin condena. En agosto de 2023, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 2º Turno resolvió que la acción penal había prescripto, ya que habían pasado más de diez años desde los hechos investigados. De esta forma, el funcionario quedó sobreseído en la causa penal.

RECLAMO POR MÁS DE UNA DÉCADA DE SALARIOS

Luego de conocerse la caducidad del sumario, el funcionario presentó un reclamo para ser reincorporado y cobrar los salarios que le fueron retenidos durante más de doce años. El informe jurídico señala que en todo ese tiempo no se pudo probar la comisión de delito ni tampoco una falta administrativa grave. Así, lo que comenzó como un gran operativo contra el contrabando terminó cerrándose sin sanciones y con la posibilidad de que el Estado enfrente ahora un reclamo económico por más de una década de haberes impagos.