La decisión anunciada por el Gobierno del Reino Unido de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años reabre un debate que trasciende fronteras y que también interpela a Uruguay. La pregunta es sencilla de formular, pero compleja de responder: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la protección de niños y adolescentes sin afectar derechos y libertades fundamentales?