El Ministerio de Salud Pública (MSP) analiza la posibilidad de exigir receta médica para la compra de paracetamol de 500 mg o más, en respuesta al aumento de casos de intoxicación y su vínculo con problemáticas de salud mental. La iniciativa ha generado un intenso debate en distintos ámbitos, tanto sanitarios como políticos.

En este contexto, el diputado Dr. Horacio de Brum presentó un pedido de informes con el objetivo de conocer en profundidad los fundamentos de la medida y los datos que respaldan esta eventual decisión.

Dudas sobre la efectividad de la medida

Si bien el problema es reconocido como real, surgen cuestionamientos sobre la efectividad de exigir receta médica. Especialistas y actores del sistema advierten que el riesgo no depende únicamente de los miligramos por comprimido, sino de la dosis total consumida. Asimismo, se señala que la restricción podría generar dificultades de acceso, especialmente en zonas del interior, donde la disponibilidad de servicios médicos es menor. También existe preocupación por una posible sobrecarga del sistema de salud y el surgimiento de mercados informales.

Otro aspecto planteado es el posible incremento de compras en países vecinos, como Argentina, lo que podría desviar la demanda hacia farmacias del otro lado de la frontera.

La necesidad de un enfoque integral

Más allá de la discusión puntual, el debate pone en evidencia la complejidad de la salud mental como problemática social. Diversas voces coinciden en que no se trata de un tema que pueda resolverse únicamente mediante restricciones. En ese sentido, se reclama la generación de datos claros, evidencia sólida y el diseño de estrategias integrales que aborden el problema en toda su dimensión. La discusión continúa abierta, con el desafío de encontrar soluciones.