Según informe del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el departamento de Salto registra actualmente 25 asentamientos irregulares, ubicándose en el quinto lugar a nivel nacional. La actualización cartográfica, con datos cerrados a diciembre de 2024, detalla que en todo el país existen 667 asentamientos, lo que representa una leve mejora respecto al relevamiento anterior, publicado en marzo de 2020, cuando se contabilizaban 691.

El informe también indica que los asentamientos están presentes en 91 localidades uruguayas. Montevideo concentra la mayor cantidad, con 345, seguido de Canelones con 128. Artigas (36), Paysandú (27) y Salto (25) completan la lista de los cinco departamentos con mayor número de estos núcleos habitacionales precarios. En conjunto, estas cinco jurisdicciones agrupan el 84% de todos los asentamientos irregulares del país. El dato refleja no solo una persistencia del fenómeno, sino también su concentración en determinadas zonas del país, especialmente en el área metropolitana y en el litoral norte. La realidad de los asentamientos irregulares implica múltiples desafíos sociales, económicos y urbanísticos: falta de acceso a servicios básicos, condiciones de vida precarias y dificultades en la planificación urbana.

Desde el gobierno nacional se impulsa el Plan Avanzar, una estrategia orientada a la regularización, relocalización o integración de estos asentamientos. Sin embargo, el ritmo de avance es lento frente a la magnitud del problema. En el caso de Salto, la situación plantea la necesidad de políticas locales más activas, en coordinación con los organismos nacionales, para atender una problemática que afecta a miles de familias y compromete el desarrollo urbano sostenible. La información oficial vuelve a poner en agenda la urgencia de soluciones concretas y sostenidas, que prioricen el acceso a una vivienda digna como derecho fundamental.