La Esc. María Eugenia Almirón, coordinadora del área de Vivienda, Hábitat y Medio Ambiente de la Intendencia de Salto, explicó en una entrevista en el Streaming de Diario La Prensa los principales desafíos y proyectos que su equipo impulsa para revertir la crítica situación habitacional del departamento. Con una experiencia acumulada en Durazno y Río Negro, Almirón asumió el reto de ordenar el territorio, mejorar las condiciones de vida de cientos de familias y ampliar el acceso a la vivienda digna para todos los salteños.

Un área amplia y con múltiples frentes

Almirón describió su tarea al frente de un área “muy extensa”, que abarca distintos programas en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). Entre ellos mencionó la Canasta de Materiales, los Lotes con Servicios, el Plan Avanzar y el Plan Juntos, todos enfocados en sectores de bajos recursos. “Además, estamos trabajando para incorporar programas de la DINAVI dirigidos a la clase media”, explicó. “Queremos que las políticas de vivienda tengan un corte vertical, que atraviesen todos los niveles sociales, y que cada familia del departamento pueda acceder a una solución adecuada”.

Según la jerarca, la Intendencia busca consolidar un modelo de gestión que funcione “como una agencia en territorio”, capaz de ejecutar convenios con el Ministerio y de acercar los programas nacionales a la población local.

Un déficit habitacional significativo

El diagnóstico es claro, el déficit habitacional en Salto “es muy importante”. En comparación con el sistema cooperativo de departamentos vecinos, Salto se encuentra “tres veces por debajo de Paysandú”. Uno de los objetivos principales, señaló Almirón, es generar una cartera de tierras hábiles y aptas para construir, algo fundamental para facilitar el trabajo de cooperativas y nuevos proyectos. “No se trata solo de tener terrenos a nombre de la Intendencia, sino de que esos padrones cuenten con todos los servicios públicos exigidos por la ley: saneamiento, agua potable, energía eléctrica”, subrayó.

Esta tarea es esencial para cumplir con la Ley de Ordenamiento Territorial, que establece que ningún predio puede ser donado o vendido sin contar con la infraestructura básica.

La lucha contra los asentamientos irregulares

Otro de los grandes desafíos del área es el crecimiento de los asentamientos irregulares, un fenómeno que afecta a unas treinta zonas del departamento. “Estamos aplicando la normativa departamental y nacional para evitar nuevas ocupaciones”.

La Intendencia comenzó con notificaciones y controles de obra a través de la Oficina de Inspectoría de Contralor, con el objetivo de frenar nuevas construcciones ilegales. “La ley es clara: los gobiernos departamentales no pueden propiciar los asentamientos. Durante años no hubo una política de contención. Ahora trabajamos para revertir eso y crear la Policía Territorial, que nos permitirá actuar con más eficacia”.

Regularización y realojos, dignificar la vida de la gente

Los planes en ejecución incluyen la regularización de asentamientos como La Amarilla y La Esperanza, dentro de la línea del Plan Avanzar, con financiamiento del gobierno nacional.

En La Amarilla, el equipo técnico ya relevó a las familias y viviendas, levantó observaciones pendientes y avanza hacia la fase de realojos. Las nuevas viviendas, ubicadas cerca del barrio Vispo Mari, permitirán a decenas de familias acceder a su casa propia.

Por otro lado, en La Esperanza, la Intendencia trabaja junto a la consultora Aguilar, la Universidad de la República, CTM, el Plan Juntos y el Ministerio de Vivienda para elaborar el proyecto ejecutivo. “Aspiramos a tener las obras iniciadas antes de fin de 2026”, adelantó Almirón.

El impacto será enorme, entre ambos proyectos, se beneficiarán cerca de 550 familias, lo que equivale a más de 2.000 personas. “El Plan Avanzar dignifica la vida de la gente”, afirmó. “No se trata solo de construir viviendas, sino de enseñar a vivir en comunidad, a valorar el entorno y a cuidar el espacio”.

Puente Blanco y la seguridad de las familias

Uno de los puntos más sensibles es el asentamiento Puente Blanco, donde numerosas familias viven sobre la calle Regla, una zona de alto tránsito. “Es un tema de preservación de la vida humana”, indicó Almirón. “El Intendente solicitó prioridad para relocalizar esas familias, y el Ministerio ya incluyó el proyecto en su presupuesto”. La primera etapa contempla el traslado de quienes habitan sobre la vía más peligrosa, con posteriores fases para el resto del asentamiento.

Coordinación interinstitucional y voluntad política

El éxito de estos proyectos depende en gran parte del trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda. En este sentido, la Intendencia aporta los predios y el Ministerio financia las obras de infraestructura saneamiento, iluminación, parques lineales y viviendas nuevas. “Estamos hablando de transformar barrios enteros”, destacó Almirón. “La obra de La Esperanza va a cambiar completamente la zona. Vamos a pasar de la precariedad a un entorno urbano digno, con servicios y espacios públicos de calidad”.

Cooperativas de vivienda, entre la ilusión y la realidad

Un capítulo aparte merece la situación de las cooperativas municipales. De las 63 registradas, 49 no cuentan con servicios básicos ni autorización formal para construir. “Nos encontramos con casos en los que los terrenos adjudicados no tienen número de padrón ni aprobación de la Junta Departamental”, detalló.

El equipo de Vivienda se reúne semanalmente con las cooperativas para explicar la situación y buscar soluciones caso a caso. “Algunas podrán regularizarse con tiempo y esfuerzo; otras, lamentablemente, no tienen viabilidad técnica”, reconoció.

Pese a las dificultades, Almirón enfatizó que la Intendencia apuesta al diálogo: “Estamos apelando a la buena voluntad de la gente. Sabemos que es un tema sensible, pero debemos actuar dentro del marco legal”.

Mirando al futuro

De cara al quinquenio, la meta del equipo es ambiciosa, culminar la regularización de La Amarilla y La Esperanza, avanzar en Puente Blanco y crear una cartera de tierras para cooperativas que permita multiplicar las soluciones habitacionales.

“Queremos dejar un Salto más ordenado, con menos asentamientos y con oportunidades reales para todos”, concluyó la escribana. “Si logramos cumplir con estos objetivos, habremos dado un paso enorme hacia una ciudad más justa y humana”.