Sr. Director: agradezco la publicación de la nota adjunta. Los medios de prensa suelen divulgar las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Departamental. Dichas convocatorias son las mismas que reciben los señores ediles e incluyen el orden del día, la relación de asuntos entrados y los expedientes cuyo archivo ha sido resuelto por las distintas comisiones.

Hasta el año 2000, la Presidencia daba cuenta en sala de los asuntos propuestos para archivo, los que quedaban automáticamente archivados si ningún edil se oponía. Sin embargo, esos expedientes se identificaban únicamente mediante un número, lo que hacía muy difícil —cuando no imposible— conocer su contenido, especialmente cuando se trataba de convocatorias complementarias o de última hora.

Ante esta situación, la prensa de entonces reclamó reiteradamente mayor transparencia, preguntándose: ¿por qué tanto secreto? Como respuesta, se presentó un proyecto de modificación del Reglamento Interno. El mismo fue estudiado por la Comisión de Legislación y Reglamento, que aconsejó su aprobación, y posteriormente fue votado por unanimidad en el plenario de la Junta Departamental de aquella legislatura.

A partir de esa reforma, el artículo 107º del Reglamento establece claramente que, cuando una comisión proponga el archivo de un asunto, dicha propuesta debe comunicarse a la Junta mediante un repartido que contenga “un extracto del asunto”, incluido en el informe de la comisión respectiva. De ese modo, los ediles —y también la ciudadanía— pueden conocer qué se está archivando y, en su caso, solicitar que el tema no sea archivado.

Sin embargo, este mandato reglamentario no se está cumpliendo. En la práctica, los repartidos continúan limitándose a identificar los asuntos a archivar únicamente con un número, sin ningún extracto explicativo. Como consecuencia, los periodistas que reciben las convocatorias desconocen qué resolvieron las comisiones y qué expedientes serán archivados automáticamente si no hay oposición al inicio de la sesión.

Esta falta de información impide a los comunicadores cumplir adecuadamente su tarea, ya que no pueden informar con claridad a oyentes, lectores, televidentes o seguidores sobre decisiones relevantes que se adoptan sin debate público en el plenario.

Corresponde entonces preguntarse por qué no se cumple lo dispuesto expresamente en el Reglamento de la Junta Departamental. Y hoy, al igual que hace veinticinco años, vuelve a imponerse la misma pregunta que motivó aquella reforma: ¿por qué tanto secreto? Un ex edil