En una sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Salto, realizada anoche autoridades nacionales y departamentales analizaron la situación del tránsito en Uruguay, en el marco de la campaña “Mayo Amarillo 2026”, bajo el lema “ver al otro es salvar vidas”. El encuentro puso sobre la mesa cifras preocupantes, desafíos estructurales y una batería de propuestas que buscan reducir la siniestralidad vial a través de un cambio profundo en la cultura ciudadana.

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), Marcelo Metediera, encabezó la delegación que expuso ante ediles y autoridades locales. Durante su intervención, destacó la gravedad del problema: en 2025 se registraron 471 fallecimientos por siniestros de tránsito, superando ampliamente otras causas de muerte como los homicidios (369) o los accidentes laborales (44).

Una problemática que supera lo estadístico

Metediera subrayó que los siniestros de tránsito constituyen la principal causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años, lo que implica no solo un drama humano y familiar, sino también un fuerte impacto social y económico. “Estamos perdiendo años de vida productiva y eso también debe formar parte del análisis”. El jerarca insistió en que el problema no puede abordarse de manera aislada ni con medidas parciales. Por el contrario, requiere decisiones políticas firmes y un enfoque integral que contemple múltiples factores. “No hay una única solución. Es un fenómeno multifactorial que exige un cambio de paradigma y, sobre todo, un cambio cultural”, afirmó.

Seis líneas estratégicas para revertir la tendencia

Durante la exposición, UNASEV presentó un plan de acción basado en seis ejes principales: Unasev (Ley 18113), Seguridad vial en la educación, Fiscalización, Justicia (Ley de faltas), Participación social: Ulosev-Renavic. Implantación de permiso por puntos. 

Se destacó el fortalecimiento del rol del organismo como conductor de la política nacional en materia de tránsito, así como la incorporación de la educación vial en el sistema educativo. En ese sentido, se anunció un acuerdo con la ANEP para implementar una materia optativa en cuarto año de liceo, enfocada en seguridad vial. El curso tendrá una duración de seis meses e incluirá evaluación final. El objetivo es formar ciudadanos conscientes desde temprana edad, más allá de la obtención de una licencia de conducir.

Otro de los pilares es la fiscalización focalizada, especialmente en el uso de motocicletas, identificadas como un factor de riesgo tanto en seguridad vial como en seguridad pública. Según datos expuestos, un porcentaje significativo de delitos se comete utilizando estos vehículos.

Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer la actuación judicial en infracciones graves, como conducir sin licencia, participar en picadas o exceder ampliamente los límites de velocidad. Las autoridades señalaron que la actual aplicación de la ley de faltas resulta insuficiente, en parte debido a la sobrecarga de los juzgados.

Participación social y nuevas herramientas

El plan también promueve la participación ciudadana a través de unidades locales de seguridad vial y redes de víctimas, con el fin de adaptar las políticas a las realidades territoriales. “No se puede aplicar la misma receta en todos lados; cada comunidad tiene sus particularidades”.

En paralelo, se trabaja en la implementación del permiso de conducir por puntos, la digitalización de licencias y la destrucción de vehículos incautados para evitar su reutilización. También se estudia el impacto del consumo de sustancias y medicamentos en la conducción, un tema que las autoridades calificaron como “complejo y emergente”.