La decisión de Alberto Fernández de incumplir la orden de la Corte Suprema de devolverle a la ciudad de Buenos Aires los fondos de la coparticipación de impuestos recortados en plena pandemia lo dejó expuesto a consecuencias institucionales y políticas irreversibles. Fue una acción política que el primer mandatario tomó empujado por un kirchnerismo alborotado contra la Justicia, después de la condena de prisión e inhabilitación que recibió Cristina Kirchner por corrupción con la obra pública de Santa Cruz.

El presidente -que anoche insistió en definirse como “un hombre de derecho”- firmó un comunicado con argumentos jurídicos discutibles que, en concreto, le desconocen al máximo tribunal su condición de intérprete último de la constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno. Se trata de una acción que no reconoce antecedentes y que generó el rechazo unánime y rotundo de la oposición de Juntos por el Cambio.

Más allá de que es una discusión que afecta a los porteños y a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño y uno de los presidenciables de la coalición opositora, tanto el ex presidente Mauricio Macri, la titular del PRO, Patricia Bullrich, la UCR, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, y los principales líderes opositores cerraron filas y advirtieron la gravedad institucional del episodio.

Se trata de una historia en progreso, que tendrá este viernes dos capítulos clave: una conferencia de prensa del Ejecutivo porteño, y una definición inminente del procurador del Tesoro, el ultra kirchnerista Carlos Zannini, que como abogado del Estado tendrá a cargo la estrategia defensiva del gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.