Argentina podría verse obligado a pagar 16.000 millones de dólares de indemnización por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012, tras el fallo de una jueza estadounidense que aceptó los argumentos de los demandantes sobre el pago de intereses compensatorios por esta operación. El país anunció inmediatamente que apelará la decisión.

La estatización de YPF se llevó a cabo durante el último mandato de Cristina Kirchner, en una decisión liderada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, que fue aprobada por el Congreso. La jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York definió en una sentencia los parámetros a seguir para determinar la indemnización que el Estado argentino deberá pagarle al fondo Burford Capital, que presentó una demanda en Nueva York exigiendo una indemnización por la estatización de la petrolera.

La a magistrada rechazó todos los argumentos presentados por los abogados del país y respaldó los argumentos de los demandantes, avalando el cobro de la máxima indemnización posible. En una áspera sentencia de 25 páginas, la jueza Preska criticó en duros términos al gobierno de Cristina Kirchner, denostó los argumentos de los abogados del país y le dedicó un párrafo especial a Kicillof, quien calificó el fallo como “una inaceptable violación de la soberanía nacional”.

“El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, fustigó la magistrada en su sentencia.

Preska consideró que Argentina “ejerció el control indirecto” de la empresa, entonces en manos de la petrolera española Repsol, desde “el 16 de abril de 2012”. Asimismo, considera que los intereses del 8% son “apropiados” para calcular la indemnización y “deberían correr desde el 3 de mayo de 2012”. Es el peor escenario posible para Argentina.