En un interrogatorio histórico frente al Supremo Tribunal Federal de Brasil, el ex presidente Jair Bolsonaro negó este martes las acusaciones que lo señalan como responsable de planificar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Admitió, sin embargo, haber explorado “alternativas constitucionales” para cuestionar los resultados electorales. Bolsonaro, de 70 años, declaró ante los jueces que todas las discusiones postelectorales se mantuvieron dentro de los límites constitucionales. “Discutimos posibilidades, alternativas, siempre dentro de la Constitución, sin salir de sus cuatro líneas”, afirmó el ex presidente, quien es acusado por la Fiscalía brasileña de liderar una “organización criminal” para anular las elecciones y permanecer en el poder.

Este juicio, el primero por golpismo contra un ex mandatario brasileño desde la restauración democrática en 1985, capta la atención nacional e internacional. Bolsonaro enfrenta una posible condena de hasta 40 años de prisión por delitos relacionados con la abolición violenta del Estado democrático y por intento de golpe de Estado.

La investigación judicial tiene sus raíces en los sucesos del 8 de enero de 2023, cuando miles de partidarios del ex presidente atacaron y destrozaron las sedes del Congreso Nacional, el Palacio Presidencial de Planalto y el Supremo Tribunal Federal, una semana después de la toma de posesión de Lula.

En su defensa, Bolsonaro negó tajantemente ser el mentor intelectual detrás de los disturbios. “No hay un golpe sin liderazgo, sin financiación y con unos pocos miles de personas desarmadas”, sostuvo frente al juez Alexandre de Moraes.

En noviembre de 2022, después de perder las elecciones, Bolsonaro solicitó al TSE la anulación de votos emitidos en más de 279.000 urnas electrónicas y argumentó supuestas irregularidades. El TSE rechazó esta solicitud por falta de pruebas y calificó la acción como un intento de deslegitimar el proceso electoral.

Estas acciones contrastan con su afirmación de que siempre actuó dentro de los límites constitucionales y que sus críticas eran solo retóricas. La evidencia sugiere que Bolsonaro llevó a cabo una campaña activa para socavar la confianza en el sistema electoral brasileño, lo que contribuyó a la polarización política y a los eventos que culminaron en el asalto a las instituciones democráticas el 8 de enero de 2023.