En Argentina, el control oficial de precios derivó en un nuevo conflicto político, con denuncias cruzadas entre los funcionarios y los empresarios, y versiones sobre una ruptura del acuerdo para contener la inflación en los productos de la canasta básica. El detonante fue el anuncio, por parte del gobierno, de que  apoya la ayuda de gremios como el camionero, para controlar el envío de mercadería a los supermercados, luego de que se constatara que más del 40 por ciento de los productos con precio congelado están en falta en las góndolas.

Esa escasez es un clásico de todos los controles de precios, pero los funcionarios consideran que hay una acción de sabotaje, porque constataron que desde los centros de distribución salen repartos que son desviados hacia supermercados que no forman parte de los controles. En consecuencia, se solicitó ayuda al gremio camionero para que se lleve un control más detallado de la logística de estos productos. Con esa información se aplicarán multas en los casos de incumplimiento.

Las cadenas de supermercados rechazaron de plano ese anuncio, al que consideraron un acto intimidatorio, dados los antecedentes de violencia, por el gremio camionero.

La situación se tensó más todavía cuando se supo que una organización piquetera, a título voluntario, había anunciado que formaría parte de la fiscalización de los precios en los locales de los supermercados, lo que de hecho, lleva a formar una organización paraestatal que intimide a los comerciantes.

Romper el acuerdo de precios justos

Desde las cadenas supermercadistas, se planteó la posibilidad de romper el  acuerdo que firmaron hace tres meses con el gobierno para contener la inflación en artículos de primera necesidad.

Este acuerdo, bautizado como Precios Justos, consistió en el congelamiento de unos 2 mil productos que mantendrán por cuatro meses el mismo precio de noviembre, mientras que otros 30 mil productos tendrán un tope de aumento del 4 por ciento mensual.

El tema genera preocupación en el gobierno, dado que se considera que fue, precisamente, gracias al acuerdo con las grandes empresas que se logró acotar la inflación y bajarla del 7 por ciento mensual al actual nivel de 5 por ciento.

El ministro de economía, Sergio Massa, pretende negociar la extención del dnominado plan Precios Justos y llegar así a su meta de una inflación del 4 por ciento para abril.