El Gobierno de Bolivia denunció este lunes un presunto daño económico de 2.595 millones de dólares, con afectación directa a las reservas internacionales netas (RIN), como consecuencia del desempeño de empresas y plantas industriales estatales que no resultaron sustentables durante casi 20 años de las administraciones de Evo Morales y Luis Arce, según informó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
Rodrigo Paz creó una comisión para investigar la presunta corrupción durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.

En una exposición ante la prensa, Lupo afirmó que “el costo total de la corrupción” asciende a 1.463 millones de dólares, destinados a empresas que calificó como “inviables”, la mayoría creadas durante la gestión de Morales (2006-2019), y otros 1.132 millones de dólares utilizados en la construcción de plantas industriales impulsadas durante el Gobierno de Arce (2020-2025) dentro de la política de sustitución de importaciones.

“Gran parte de estas empresas nacieron inviables y fueron un instrumento de saqueo; otras no fueron sustentables”, sostuvo el ministro, quien remarcó la necesidad de “hacer una investigación y una auditoría” para establecer responsabilidades por el uso de recursos públicos.

De acuerdo con los datos oficiales presentados por Lupo, entre 2006 y 2024 el Estado boliviano creó 67 empresas, con una inversión total de 7.550 millones de dólares. Sin embargo, indicó que “solamente se ha recuperado el 18%” de ese monto, mientras que el resto corresponde a recursos que no podrán ser recobrados.

El ministro precisó además que el 28% de los créditos provenientes de las RIN “fueron para crear 14 empresas inviables”, las cuales se convirtieron en un “instrumento de corrupción”. Según detalló, de ese grupo cuatro empresas cerraron y cinco se encuentran en quiebra técnica.