Estados Unidos denunció ante la OEA que Nicaragua fue convertida por Rosario Murillo y Daniel Ortega en un “Estado policial dinástico”, una acusación que vinculó con violaciones sistemáticas de derechos humanos, persecución política, represión contra la sociedad civil y un pedido de mayor presión diplomática internacional. En la misma intervención, Washington responsabilizó directamente al régimen por la muerte bajo custodia del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera y reclamó la liberación de todos los presos políticos que considera detenidos de manera injusta.

Según la denuncia presentada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Panamá, el gobierno nicaragüense también profundizó las restricciones a la libertad religiosa: más de 300 clérigos y monjas fueron forzados al exilio, expulsados o se les negó el reingreso al país; la mitad de los obispos reside fuera de Nicaragua y al menos 51 sacerdotes enfrentan la posibilidad de apatridia.

El encargado de exponer la posición estadounidense fue el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Leandro Rizzuto Jr., quien sostuvo que la salida de Nicaragua de la OEA no le permitió escapar al escrutinio internacional.

El planteo ante la OEA incluyó la salida forzada de más de 300 clérigos y monjas, además del riesgo de apatridia para 51 sacerdotes y la mitad de los obispos fuera del país.  Washington ligó la denuncia a la crisis iniciada en 2018 y a cambios constitucionales de 2025

Rizzuto afirmó que desde la crisis iniciada en 2018 el régimen consolidó un sistema autoritario que, según Estados Unidos, representa una amenaza para la estabilidad democrática regional.