La cifra de 1.207 presos políticos en Cuba, verificada al cierre de enero, marca un récord histórico en el país, impulsado por el encarcelamiento de 18 personas solo en el primer mes del año. Detrás de este número —el más alto jamás documentado desde que existen registros internacionales sistemáticos— se encuentra una política de represión estatal sostenida y expansiva que abarca tanto la vigilancia digital masiva como la criminalización pública y judicial de la disidencia, en especial de los jóvenes, y el uso institucionalizado de la tortura y el abandono médico.

La organización Prisoners Defenders atribuyó esta ola represiva al propósito del régimen de asegurar su perpetuidad y brindó un dato alarmante: la población carcelaria ya equivale a 923 personas por cada 100 mil habitantes.

Una de las aristas más alarmantes es la vigilancia sistemática de las redes sociales, convertidas en plataformas de alto riesgo para quienes protestan o denuncian problemas cotidianos.

Entre los casos paradigmáticos del último reporte destaca el de Ankeily de la Caridad Guerra Fis, joven de 23 años detenido violentamente en La Habana tras transmitir en Facebook críticas al régimen, con mensajes dirigidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedir un cambio político en la isla.

Según el informe, la detención de Ankeily, quien vive con VIH y padece problemas de salud mental y epilepsia, se realizó sin orden judicial y con uso de fuerza excesiva: “Digo lo que muchos quisieran decir y no dicen”, se lo escuchó manifestar antes de ser arrestado. Desde entonces, permanece incomunicado, sin acceso pleno a medicamentos, y bajo la acusación de “propaganda contra el orden constitucional”, sin la celebración de juicio ni tutela judicial efectiva.