La Fiscalía de Bolivia dictó una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos en el marco de los bloqueos masivos que paralizaron el país durante 53 días. El documento, firmado por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, instruyó a la Policía aprehender y trasladar a Morales a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción, en respuesta a denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y por el Ministerio de Gobierno. “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, aseguró hoy Morales en su cuenta de X.

La investigación contra Morales se centra en seis delitos: alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Las acusaciones surgieron tras la denuncia penal formalizada el 1 de julio por el Comité pro Santa Cruz, representado por Stello Cochamanidis Garcés, que identificó a Morales como principal impulsor de las protestas y bloqueos que afectaron al país entre mayo y junio.

Durante esas siete semanas, campesinos, miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines a Morales instalaron más de 100 puntos de bloqueo en diferentes regiones, en particular en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las protestas respondieron a la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz, una exigencia que los sectores movilizados consideraron como única salida al conflicto. El desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal alcanzó niveles críticos en varias ciudades.