Desde mediados de 2020, la pandemia desafió a un importante conjunto de empresas en Uruguay. Ante ello, se establecieron una serie de medidas tendientes a minimizar el impacto de los daños, a través de créditos blancos, subsidios o exoneraciones de aportes. Según la presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo, Carmen Sánchez, “los mecanismos de ayuda se fueron adecuando, en volumen y focalización, a la evolución de le emergencia”, alcanzando a cubrir a unas 34 mil empresas de menor norte en el país.

En cuanto a SIGA, la herramienta de garantías estatales para facilitar el acceso al crédito, en 2019 previo a la pandemia se habían tramitado por parte de unas dos mil empresas, y en 2020 subió a 20 mil, señaló Sánchez. Información incluida en la exposición de motivos del proyecto de Redición de Cuentas establece que por esa vía, hasta abril pasado, se concedieron casi 29.000 garantías a unas 20.000 empresas por US$ 730 millones.

La morosidad es de 5%

A través de las líneas implementadas se respaldaron créditos concedidos por el sector financiero por una cifra superior a los mil millones de dólares. Sánchez comentó que la morosidad de esas líneas de crédito garantizadas “está dentro de lo previsto”, en el orden del 5%.

En la actualidad, si bien algunas líneas de auxilio siguen vigentes, como las exoneraciones a los sectores vinculados al turismo que se prorrogaron hasta setiembre próximo, “lo que observamos es una demanda por refinanciación de créditos concedidos en el peor momento de la pandemia”.

Sectores como las agencias de viaje; hoteles; restoranes; transporte no regular de pasajeros, entre otros, “han solicitado mayores plazos para cumplir con sus obligaciones”, indicó.