La Mesa Política Nacional del Frente Amplio, rechazó a las medidas aplicadas por el gobierno de Nicaragua contra más de 300 dirigentes políticos y sociales, referentes religiosos y culturales, periodistas y activistas a favor de los Derechos Humanos opositores o críticos al gobierno del presidente Daniel Ortega.  La coalición de izquierdas expresó su “firme rechazo” y su “honda preocupación y dolor” por la crisis política e institucional que atraviesa el país y denunció que “la condición de apátridas”, que decretó el gobierno de Ortega “coloca” a las personas en una “situación de vulnerabilidad e indefensión inadmisible”.

También se indicó que: “no hay excusas para avasallar las libertades de expresión, asociación y manifestación pacífica. Cualquier limitación a las mismas ha de contar con las garantías del derecho interno, el que no debe estar contrapuesto al derecho internacional cuyos compromisos se han asumido”. 

Este escenario se ve agravado “por injerencias externas y sanciones unilaterales promovidas y/o impuestas por sucesivos gobiernos de los Estados Unidos de América y cuyas consecuencias sociales y económicas impactan duramente sobre los sectores más vulnerables y desprotegidos de su población