A través de un documento enviado al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT el sindicato bancario (AEBU) cuestionó el texto de la papeleta que la central definió la semana pasada para una reforma de la Constitución que modifique el sistema previsional. En primera instancia, AEBU analiza que este texto “restringe las posibilidades de la sociedad civil y las organizaciones de trabajadores de generar sistemas de ahorro voluntario previsional”. Además, “consagra la pensión a la vejez como instrumento asistencial, condicionado a la demostración de la carencia de recursos, manteniendo su carácter discriminatorio hacia los inmigrantes” e implica “confiscaciones retroactivas, sin establecer mecanismos compensatorios”.

Más adelante, entiende que “la definición de 30 años de servicio estaría habilitando la eliminación de las causales que permiten jubilaciones con menos años de aportación”, es decir, alguien que tiene la edad pero no los aportes, “con la consecuente pérdida de cobertura y un sesgo previsible negativo hacia los trabajadores más vulnerables, que no logran reunir 30 años de servicios reconocidos”.

Asimismo, con referencia a la propuesta de equiparar las jubilaciones y pensiones más bajas al salario mínimo nacional, se marca que podría estimular el uso del salario mínimo “como variable de ajuste del gasto en seguridad social, deteriorando las condiciones salariales de los trabajadores”.

AEBU sobre las AFAP señala, que la eventual eliminación de estas administradoras “debe ser realizada por el Banco Central”, según lo establece la ley que las creó en 1996 y donde no se prevé el cese de sus actividades por modificaciones al marco normativo, lo que a juicio del sindicato generará un “vacío legal”. 

Allí marca que la propuesta lleva implícita una “confiscación de ahorros” que pertenecen a los afiliados en favor del BPS y advierte que no está prevista una compensación a los trabajadores por esa confiscación.

Además, señala que “incorporar a la Constitución de la República contenidos concretos de una reforma de la seguridad social –aspecto discutible técnica y políticamente– se promueve sin análisis de los impactos sobre los recursos del Estado”, comprometiendo “la viabilidad de la expansión de otras políticas sociales como la salud, la educación o la vivienda e incluso otras ramas de la seguridad social”.

De prosperar el texto, alerta, se incrementará el déficit de todo el sistema, en particular en las cajas Militar y Policial, y se expondrá al país a “eventuales juicios contra el Estado de cuantía incalculable”

AEBU plantea que las condiciones que promueve el texto “ponen en manos de futuros gobiernos estímulos importantes para deteriorar las condiciones salariales de los trabajadores” y, al mismo tiempo, “imponer condiciones jubilatorias peores para importantes sectores de jubilados”, además de justificar “nuevas cargas impositivas regresivas”.

El informe será enviado a los 48 gremios que integran la Mesa Representativa Ampliada del PIT-CNT, que mañana deberá pronunciarse por la iniciativa de varios sindicatos para juntar firmas que permitan plebiscitar la enmienda constitucional promovida.