La Suprema Corte de Justicia resolvió iniciar una investigación administrativa a raíz de la fuga del narcotraficante Juan Antonio González Bica, que obtuvo  prisión domiciliaria el pasado 31 de mayo, a fines de agosto rompió su tobillera electrónica y se fugó. Se apunta especialmente a la  jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, María Helena Mainard, que atendiendo informes médicos y del Instituto Técnico Forense (ITF) falsos  y que carecían de firmas, concedio prision domiciliaria al narco González Bica, quien tras ello se fugó. Por este episodio la abogada  Mercedes Acosta fue procesada con un falsificador de documentos  y otro narco.

A esos casos se sumoó la aceptación de un recurso de hábeas corpus que beneficiaba al peligroso narco  Ricardo Damián Cáceres Correa, el “Ricardito”,  quien por eso, pasaría a contar con espacios educativos y de trabajo, que según  el Ministro Heber, posibilitarían tener comunicación con el exterior y seguir cometiendo delitos. La Corte desea determinar si le caben responsabilidades a la jueza Mainard. Por otra parte la SCJ solicitó informes a los jueces penales de todo el país  sobre a que presos se les concedió prisión domiciliaria. Todo decidido tras planteo del Ministro Luis Alberto Heber.