Comenzó a aplicarse ayer la ley de internación compulsiva con personas que viven o pernoctan en la calle y cuya situación suponga un “riesgo” para ellas o para terceros, por problemas de salud, salud mental o adicciones. El presidente Luis Lacalle Pou defendió la medida y enumeró tres motivos: Uno, porque es una ley y “hay que cumplirla”. Segundo, porque “humanamente hay que hacer algo” por las personas en la calle con adicciones o problemas de salud mental. Y tercero, porque – dijo-  “socialmente” los uruguayos “merecen todos una vida un poquito más tranquila”. Informó que “Vamos a tener semanalmente un registro, cómo se procedió. Hay camas, no son suficientes, hay algún convenio con instituciones privadas. Tampoco es una internación sin plazo”. 

Lacalle Pou dijo que, técnicamente, a esa persona se debería internarla, someterla a algún tipo de estudio, y eventualmente darle alguna medicación durante un plazo razonable, o si no, dijo, volver a su vida formal, que muchas veces” apunto, “termina siendo lo más complejo”.

Psiquiatras en total desacuerdo

La Sociedad de Psiquiatría emitió un comunicado manifestando su “total desacuerdo” con la nueva ley de internación compulsiva. Si bien comparten la preocupación por la “grave y creciente” problemática de las personas en situación de calle y por los problemas de salud mental en esa población, sostuvieron que se trata de un “problema complejo” con “múltiples determinantes” y que su resolución debe implicar a toda la sociedad. Comparte que como dice la norma, “en ningún caso la hospitalización será indicada o prolongada para resolver problemas sociales o de vivienda”. Si se  manifiestan alarmados por la forma en que se ha iniciado su implementación, con el agravamiento de la estigmatización y el riesgo de la vulneración de derechos para las personas en situación de calle”, sostienen.