El gobierno prevé que alrededor del 30% de los trabajadores, los de menores ingresos, podría acogerse a una jubilación anticipada a los 60 años de edad, en las mismas condiciones que regían antes de la reforma del sistema previsional del año 2023. Así lo explicó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Rodrigo Arim, quien aseguró que esta propuesta – surgida del Diálogo Social- “está diseñada de tal manera que no tiene impactos fiscales ni en el corto ni en el mediano ni en el largo plazo”.

Arim dijo que “la edad normal de retiro va a ser 65 años”, y que la posibilidad del retiro anticipado, a los 60 años, “va a estar abierta para todos”. Sin embargo, no a todos los trabajadores les va a convenir jubilarse antes de los 65 años. Quienes tendrían un beneficio por hacerlo antes, a los 60 años, serían los trabajadores de menores ingresos, que representan, según su estimación, el 30%. Si bien la posibilidad, va a estar abierta para todos, a muchos no les va a convenir”, dijo Arim en el programa Arriba Gente de canal 10.

“Los trabajadores que reciben el pilar solidario, van a ser una tercer parte, está en el entorno a eso, hay que afinarlo, van a tener la posibilidad de jubilarse en condiciones similares a las previas del 2023. El resto de nosotros podrá hacerlo, pero me autofinancio ese adelanto de la jubilación, no se lo traslado a la sociedad”, agregó. Esto significa, según explicó, que un trabajador de ingresos medios o altos podría retirarse a los 60 años, pero recibiría en ese caso una jubilación menor a la que tendría si siguiera trabajando hasta los 65 años, o más.

Recomendaciones del Diálogo Social “no son vinculantes”

Arim aseguró que las conclusiones y recomendaciones que surgieron del Diálogo Social, “no son vinculantes”. “Nosotros no tenemos definida una hoja de ruta, lo que tenemos definido es que a partir de ese diagnóstico podemos analizar alternativas, que no son necesariamente las que están diseñadas ahí. Podemos analizar alternativas que mejoren el funcionamiento de ese pilar, y por supuesto que las alternativas tienen sentido si mejoran las prestaciones que brinda el servicio a las personas”, dijo Arim consultado acerca de si la posible reforma mejorará el monto a cobrar de jubilación. Pero insistió: “No está definido que esa sea la reforma a instrumentar o proponer, es la recomendación, y vuelvo a decir, es lo que esperábamos, recomendaciones no vinculantes. El Poder Ejecutivo no está asumiendo ningún diseño y ninguna propuesta en concreto, en ninguna de las áreas, lo que está recibiendo son insumos. Es mandato del Poder Ejecutivo y es responsabilidad del Poder Ejecutivo hacer propuestas en esa materia”.

Asignaciones Familiares y contraprestaciones

Arim también fue consultado sobre los cambios planteados al régimen de Asignaciones Familiares y la posibilidad de no exigir más que los hijos concurran a la escuela o el liceo como condición para cobrar esa prestación. El director de la OPP dijo que muchas veces la Asignación Familiar “es el último vínculo” que tiene una familia con el Estado, y que en esos casos, cortar esa prestación económica, podría significar la desconexión total de esa familia de los servicios públicos.