La Policía investiga el atentado que tuvo lugar ayer de madrugada contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ubicada en Montevideo. Dos personas en moto dispararon varias veces contra el edificio y dejaron una piedra envuelta en un papel con una amenaza a la directora del INR, Ana Juanche: “Ojo por ojo, la próxima va pa’ tu auto con tu familia adentro”. Trabajan en el caso la Dirección de Investigaciones y la Dirección General de Información e Inteligencia, habiéndose confirmando que no hubo heridos. 

Represalia por traslados de jefes de bancas criminales 

La principal hipótesis, según publicó el periodista Gabriel Pereyra y confirmaron fuentes policiales a distintos medios, es que se trata de una represalia por recientes traslados de jefes de bandas criminales dentro del ex Comcar. No es la primera vez que la oficina del INR es atacada: en 2024 también fue baleada y quedó una carta amenazante dirigida al entonces director Luis Mendoza. El nuevo atentado ocurre además un mes y medio después del ataque contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, por el que ya hay siete personas imputadas.

El ministro del Interior, Carlos Negro, ordenó destinar “todos los recursos necesarios” para identificar a los responsables del atentado contra la sede del INR. Negro informó que instruyó a la Dirección de la Policía Nacional a reforzar la investigación y las medidas de seguridad. Además, expresó además su “total respaldo” a la directora del INR, a quien destacó por su compromiso y profesionalismo. Señaló que el ministerio seguirá trabajando “de manera incansable contra cualquier manifestación del crimen organizado, dentro y fuera de las cárceles”.

Preocupación en el ámbito político

La vicepresidenta Carolina Cosse expresó su solidaridad con la directora Ana Juanche y calificó la amenaza como un intento de “amedrentar” a una jerarca que está combatiendo estructuras criminales. Aseguró que Juanche cuenta con el respaldo “del gobierno, del sistema político y de toda la sociedad”. El ministro de Educación, José Carlos Mahía, afirmó que el combate al crimen organizado “no admite especulaciones” y requiere una posición unitaria. Desde la oposición, el senador Javier García (PN) sostuvo que “el narco y el crimen organizado van por la democracia” y pidió que no falte la unidad política “contra estos delincuentes”. El también senador Sebastián Da Silva (PN)  también expresó su solidaridad con un mensaje de “todos juntos”, mientras que el diputado Pablo Abdala  (PN) reclamó aprobar cuanto antes la ley de descentralización del INR para “fortalecer la respuesta penitenciaria en todos los planos”.

El Institución Nacional de Derechos Humanos, expresó su solidaridad con la directora y con los funcionarios del INR y manifestó “profunda preocupación” por la reiteración de hechos violentos que buscan “intimidar y debilitar el funcionamiento del Estado”. El organismo advirtió que cualquier acción contra quienes cumplen funciones públicas atenta contra el Estado de derecho y la convivencia democrática, y llamó a una respuesta firme y coordinada para asegurar la investigación, la protección de las personas afectadas y la continuidad del trabajo institucional.