La situación del CASMU volvió a instalar el debate sobre el papel del Estado cuando una institución privada atraviesa dificultades económicas. La principal pregunta sigue siendo la misma: ¿quién debe hacerse responsable por una mala administración? Y otra inquietud también aparece entre los contribuyentes: ¿es justo que el Estado termine respaldando financieramente a una empresa privada? Sobre estos temas dialogó telefónicamente con DIARIO LA PRENSA  el diputado Federico Preve, quien explicó los motivos de la extensión de la intervención del CASMU, el funcionamiento del Fondo de Garantías y la situación del sistema mutual uruguayo.

"No es un rescate con dinero de los uruguayos"

Preve aclaró que el Estado no está entregando dinero directamente al CASMU, sino que otorga una garantía soberana para que la institución pueda acceder a financiamiento. Según explicó, el CASMU deberá devolver ese préstamo mediante un fideicomiso, tal como lo ha hecho con garantías anteriores. "El sistema de salud uruguayo está sólido. Solo dos de las 34 instituciones han utilizado este Fondo de Garantías: CASMU y la Asociación Española", señaló.

¿Qué pasa si CASMU no puede pagar?

Durante la entrevista surgió una de las preguntas centrales. Si el CASMU no cumple con sus obligaciones, ¿quién responde? El diputado fue claro: si la institución dejara de pagar, la garantía sería ejecutada y el Estado debería hacerse cargo. Sin embargo, sostuvo que ese escenario hoy no aparece como probable porque, según afirmó, el CASMU ha cumplido con los pagos de los préstamos anteriores y el nuevo plan financiero busca darle mayor estabilidad.

El objetivo: evitar otro caso Casa de Galicia

Preve recordó que uno de los principales motivos de la intervención es impedir que se repita una situación como la ocurrida con Casa de Galicia. Explicó que el CASMU atiende a unos 170.000 usuarios y emplea a más de 6.000 trabajadores, por lo que un eventual cierre tendría un fuerte impacto sobre todo el sistema de salud. Además, indicó que una modificación legal aprobada en 2025 impide que una institución intervenida pueda ingresar en concurso de acreedores mientras dure la intervención, buscando así proteger la continuidad de la asistencia.

¿Hasta dónde debe llegar el Estado?

Durante la entrevista también se planteó un tema que genera opiniones encontradas. ¿Existe un riesgo de que las instituciones privadas administren con menos responsabilidad sabiendo que el Estado puede intervenir? Para Preve, no existe esa contradicción. Sostuvo que la prioridad es proteger el derecho a la salud de las personas y que el Fondo de Garantías fue creado precisamente para evitar que una crisis institucional afecte a miles de usuarios.

Más controles y mayor regulación

Consultado sobre la responsabilidad de quienes administran las mutualistas, el diputado reconoció que el Estado debe fortalecer los mecanismos de fiscalización. Afirmó que cuando existen irregularidades o posibles delitos corresponde actuar a la Justicia, pero también consideró necesario aumentar la capacidad de control del Ministerio de Salud Pública y de los organismos competentes. Según señaló, el Frente Amplio ha impulsado en distintas oportunidades mayores niveles de regulación sobre las instituciones privadas de salud.

Una deuda única y con intereses más bajos

Otro de los puntos explicados fue el nuevo endeudamiento. Preve indicó que no se trata simplemente de pedir más dinero, sino de unificar los préstamos y fideicomisos anteriores en una única operación financiera con mejores condiciones. Según explicó, cerca del 80 % del monto corresponde a garantías ya existentes, mientras que el 20 % restante es una ampliación destinada, principalmente, a cancelar deudas con prestamistas privados que hoy cobran intereses mucho más elevados. El legislador sostuvo que, al sustituir esos préstamos por un fideicomiso con tasas más bajas, el CASMU reducirá el costo financiero que paga mes a mes. "Es como refinanciar una deuda", ejemplificó. "La institución queda con una sola deuda, con intereses más bajos y cuotas menores, lo que le permite disponer de más recursos para destinarlos a la atención de los pacientes y mejorar su funcionamiento." Además, remarcó que esta reestructura estará condicionada a la presentación y cumplimiento de un plan de reestructura acordado con el Poder Ejecutivo, requisito que, según afirmó, no se exigió cuando se otorgó la garantía anterior en 2024.

"El sistema mutual está fuerte"

El legislador sostuvo que, más allá de la situación particular del CASMU, el Sistema Nacional Integrado de Salud mantiene estabilidad financiera. Reconoció que existen desafíos importantes, como reducir los tiempos de espera para especialistas, cirugías y estudios médicos, además de disminuir el costo de órdenes y tickets. No obstante, aseguró que el sistema tiene bases sólidas y que la prioridad ahora es mejorar la gestión para brindar una atención de mayor calidad.