La coalición opositora analiza la posibilidad de presentar una denuncia penal contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y sus asesores Damián Rojas y Daniel Marsiglia, en el marco de la investigación por el denominado caso Cardama. El planteo fue realizado por el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, durante una reunión de coordinación de bancada de la coalición, cuyos integrantes participan en la Comisión Investigadora que sigue el caso.

Según sostuvo Sotelo, la situación de la ministra y sus colaboradores “se agrava” tras confirmarse que, en marzo pasado, habrían interrogado al entonces excomandante de la Armada, Jorge Wilson, manejando información de carácter reservado, pese a no tener en ese momento ningún vínculo formal con el Ministerio de Defensa.

El legislador indicó que esta conducta podría encuadrarse en el delito de “pesquisa”, previsto en el artículo 287 del Código Penal. Esta figura sanciona a los funcionarios públicos que, abusando de sus funciones o sin cumplir con las formalidades legales, ordenen o realicen inspecciones o registros indebidos.

Sotelo remarcó además que tanto Rojas como Marsiglia participaron en una reunión con Wilson el 27 de marzo de 2025 sin ocupar cargos oficiales dentro del ministerio. Según explicó, los propios involucrados habrían argumentado que actuaron bajo una “autorización verbal”, lo que —a su entender— evidencia que no se respetaron los procedimientos legales establecidos.

El tema continúa bajo análisis en el ámbito político, mientras la oposición evalúa avanzar en el plano judicial en función de los elementos recabados hasta el momento.