La decisión del gobierno de decretar servicios mínimos en la playa especializada en contenedores del puerto de Montevideo generó críticas tanto de empresarios como de dirigentes sindicales. La medida fue adoptada ante la falta de acuerdo entre la empresa concesionaria, Terminal Cuenca del Plata (TCP), y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) en la negociación de un nuevo convenio colectivo.