Fue hace un mes que la polémica se desató durante una de las audiencias judiciales que se realizaron en el marco del denominado caso Penadés. El 11 de setiembre el abogado del ex docente del Liceo Militar Sebastián Mauvezín, el penalista Juan Carlos Fernández Lecchini, planteó que no entendía por qué la Fiscalía demoraba en pedirle a Instagram y a la Policía datos sobre diversos chats relacionados con encuentros sexuales. En uno de esos chats, que hoy se califican como falsos, el menor supuestamente le dijo a Mauvezín que estaba de acuerdo con mantener un encuentro con el entonces senador nacionalista Gustavo Penadés porque su madre estaba sin trabajo.

Desde que inició el caso, las miradas de los abogados de Penadés y de Mauvezín, César Vega y Fernández Lecchini, apuntaron contra la militante nacionalista, Romina Papasso, quien denunció públicamente a Penadés por un abuso sexual supuestamente cometido hace 16 años. Esa denuncia pública de Papasso generó luego la causa penal contra el ex senador que hoy tiene 10 víctimas y un testigo.

Piden información a red social

Durante la audiencia, el equipo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° Turno -integrado por la fiscal Alicia Ghione y las adscriptas María José Brisco, Fulvia Favretto y Mariana Bentancor- informó a la jueza de 36° Turno, Marcela Vargas, que ya había pedido a Instagram -cuya empresa administradora se llama Meta- informaciones sobre los IP de los chats referidos a encuentros sexuales.

La fiscal Ghione tras aclarar que esas conversaciones son reales porque surgen de una cuenta de la red social y de un IP, la  fiscal advirtió que sus contenidos podrían ser falsos. En lo aportado por  Meta , se afirma que los chats fueron enviados desde un teléfono celular perteneciente a un preso alojado en una cárcel en el interior del país, dijo Ghione. Declinó informar el nombre o el lugar donde está recluido ese delincuente. Aunque sí expresó que el preso fue condenado por hurtos.