La decisión del gobierno de Yamandú Orsi de declarar “reservada” la información vinculada al asesoramiento jurídico en el caso Cardama vuelve a encender una alarma institucional que va más allá de la discusión sobre dos patrulleras oceánicas. Lo que está en juego no es solo la eventual rescisión de un contrato millonario firmado en la administración anterior, sino la calidad democrática con la que se procesan decisiones sensibles y el acceso efectivo a la información pública.