La Fiscalía de Corte negó que exista intención de desmantelar la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, luego de que su titular, Ricardo Perciballe, denunciara un “claro debilitamiento” de la sede por el traslado de fiscales adscriptas. En un comunicado, el organismo aseguró que los apoyos entre fiscalías son habituales ante la escasez de recursos y aclararon que una de las adscriptas fue enviada temporalmente a colaborar con otra sede.

Desde la Corte, se sostuvo que la sede de Lesa Humanidad cuenta con tres fiscales adscriptos, mientras existen otras que funcionan con uno solo, y explicó que las reorganizaciones, traslados y subrogaciones son gestionados técnicamente por la Fiscalía Adjunta, aunque la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, adopta y firma la resolución final. También defendió la posibilidad de agregar nuevas competencias a la sede especializada, una práctica que, afirmó, ya se aplica en otras fiscalías.

El organismo aseguró que tendrá en cuenta la sensibilidad de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad y los compromisos internacionales asumidos por Uruguay. 

Perciballe, en cambio, afirmó en entrevista con La Diaria que los movimientos de personal debilitan la fiscalía. y sostuvo que contradicen una sentencia de la Corte Interamericana que obliga al Estado uruguayo a fortalecer esa dependencia.

La Vertiente Artiguista cuestionó las declaraciones y decisiones de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, respecto a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y sostuvo que avanzan en sentido contrario a los compromisos internacionales asumidos por Uruguay. 

Atrás de este cuestionamientos, como era de esperarse se sumaron:  la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio y la asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol, reclamó la renuncia de Ferrero, al considerar que existe una política de vaciamiento de la sede especializada. La organización cuestionó además la referencia a que la fiscalía tiene unas 20 causas y sostuvo que tramita 145 expedientes entre el nuevo y el antiguo Código del Proceso Penal, al tiempo que reclamó más fiscales, presupuesto y equipo técnico para la dependencia.