El pedido del Poder Ejecutivo para otorgar una garantía estatal de hasta 120 millones de dólares al CASMU abrió un intenso debate en el Parlamento. Si bien existe coincidencia en la importancia de preservar la atención de los miles de usuarios de la institución, varios legisladores entienden que primero deben despejarse numerosas dudas sobre su situación económica y el plan previsto para recuperar su estabilidad. En entrevista con DIARIO LA PRENSA, el diputado Federico Casaretto sostuvo que el Parlamento no puede aprobar una garantía de este volumen sin contar con información completa y actualizada sobre las finanzas de la mutualista.

¿Qué está pidiendo el Gobierno?

La iniciativa no implica entregar 120 millones de dólares al CASMU, sino que el Estado actúe como garante para que la institución pueda acceder a préstamos en el sistema financiero. En caso de incumplimiento, sería el propio Estado quien debería responder por esa obligación. Para Casaretto, una decisión de esta magnitud exige conocer con precisión cuál es la realidad económica del CASMU y cómo se utilizaría esa herramienta financiera.

La información que falta

El legislador afirmó que los parlamentarios aún esperan documentación fundamental para poder tomar una decisión responsable. Entre los datos solicitados figuran los balances actualizados, el detalle de las deudas, la situación patrimonial, los acreedores, el estado de la asistencia médica y, principalmente, el plan de reestructura que deberá presentar el Gobierno como condición para acceder al fondo de garantía.

"No podemos dar un cheque en blanco", fue el concepto que resumió la posición planteada durante la entrevista.

El esfuerzo no puede recaer solo en el Estado

Casaretto también señaló que el respaldo estatal debe ir acompañado por medidas internas dentro de la institución. En ese sentido, consideró necesario analizar si los directivos asumirán parte del esfuerzo mediante eventuales rebajas salariales, así como revisar las condiciones de los préstamos y las obligaciones con acreedores. También cuestionó que el Estado pueda respaldar deudas sin conocer previamente las condiciones en las que fueron contraídas.

Proteger a los usuarios

Más allá de las diferencias sobre el mecanismo, el diputado remarcó que la prioridad es garantizar la continuidad de la atención médica para los cerca de 170.000 usuarios del CASMU. Recordó además que, en antecedentes como el cierre de Casa de Galicia, los usuarios continuaron recibiendo asistencia mediante un proceso organizado, evitando que quedaran sin cobertura médica.

La decisión quedó en suspenso

Por el momento, el Parlamento resolvió extender la intervención de la mutualista, pero dejó pendiente la aprobación de la garantía estatal. La definición dependerá de la información que remita el Poder Ejecutivo en los próximos días. Recién entonces los legisladores analizarán si existen las condiciones necesarias para autorizar un respaldo económico que, por su magnitud, compromete recursos públicos y exige el máximo nivel de transparencia.