La requisitoria enviada desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al diario El País constituye un hecho grave y preocupante, que trasciende cualquier explicación burocrática. Exigir a un medio de comunicación que revele cómo accedió a documentos vinculados a una denuncia de acoso laboral —incluyendo datos sobre fuentes, fechas de acceso e incluso la entrega de un ejemplar físico de la nota— no es un simple “exceso de celo”, como intentó justificar el ministro José Carlos Mahía. Es una señal de alarma sobre prácticas que, de naturalizarse, erosionan pilares esenciales de la democracia.