La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció que retirará de la Junta Departamental la propuesta de crear un impuesto que sustituya a la tasa de inflamables, que se cobraba por el transporte de combustible en la ciudad. Esa tasa había sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, tras una demanda entablada por Ducsa, la subsidiaria de Ancap. 

Varias autoridades del Poder Ejecutivo adelantaron en los últimos días que si ese nuevo tributo departamental se aprobaba, se procedería a la impugnación ante el Parlamento, un recurso que tiene efecto suspensivo. Incluso el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se pronunció en ese sentido. Esa fue la razón que invocó ayer la intendenta Cosse para abandonar el proyecto que su administración había remitido a la Junta Departamental la semana pasada.

Un tema perdido

Cosse, indicó que “Veo que el tema está perdido, porque el propio presidente ha dicho que lo va a impugnar y él es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Yo no estoy para distraerme, para hacerle perder el tiempo a la ciudadanía. Obviamente este es un castigo más a la IM”. Agrego que su Intendencia se quedo sin la posibilidad de contar con US$ 10 millones anuales, para nuestra estrategia de limpieza. Hemos recibido otros castigos y seguimos trabajando”.

Intimaciones a Ancap y UTE: ¿Revancha de Cosse?

En paralelo a este debate, la Intendencia de Montevideo intimó a Ancap a que, de acuerdo a las normas departamentales, “regularice la situación” de sus instalaciones mecánicas y de los tanques de combustible que utiliza para la producción. El semanario Búsqueda, confirmó la noticia, indicando que  de no regularizarse la situación seria idea de la Intendencia de Montevideo, procedería a aplicar multas a ambas empresas publicas. Desde la IMM, se aseguró que es una “coincidencia” que la intimación se concretara esta semana y señaló que Ancap no fue la única empresa que la recibió. Lo mismo, indicó, se hizo con UTE y otras industrias.