El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) confirmó formalmente y por escrito, al gobierno y el Parlamento, que ya no cuenta con resto financiero para asumir sus obligaciones en el mes de julio.  Así lo hizo, mediante un comunicado donde su directorio remarcó la “urgencia” de que se apruebe una solución a través de una ley y manifestó su “preocupación por la necesidad de que los legisladores extremen los esfuerzos que permitan alcanzar los acercamientos necesarios para llegar a un acuerdo y lograr una ley que asegure la viabilidad del instituto, siendo esto de gran importancia para el sistema previsional en general”. El proyecto de ley de reestructura de la CJPPU comenzaría a ser votado el próximo lunes por la comisión especial de la Cámara de Diputados. 

Oposición presento contrapropuesta

Los partidos de la oposición acordaron una contrapropuesta al proyecto del gobierno para salvar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios. El texto modifica algunos de los puntos centrales de la iniciativa que había presentado el Poder Ejecutivo y que está a estudio del Parlamento.  La oposición plantea “no poner impuesto” a los pasivos, descartando así la “aportación pecuniaria” que el oficialismo prevé aplicar a los pasivos de la caja, y que promedia un 9% de sus haberes. Con respecto a la tasa de aportes de los activos, el gobierno plantea elevarla al 22,5%. La oposición propone mantenerla en 18,5% y hacerla retornar a partir de enero a 16,5%. Se considera que “subirla más en este momento implica fuga de profesionales al no ejercicio o a bajarse de categoría, y por tanto menor recaudación”.  En cambio, se propone reforzar la asistencia financiera del Estado. El proyecto del Ejecutivo incluía un aporte anual de unos 30 millones de dólares, mientras la oposición sostiene que el aporte debería ser el “correspondiente a los valores recaudados por IASS que pagan los profesionales jubilados”, lo que implica cerca de 39 millones de dólares.Por otra parte, se habilita el endeudamiento de la CJPPU con garantía del Estado,  “por un valor en 2026 de hasta 50 millones de dólares”.

Ingresos para 2026 de U$S 136 millones

Se propone, actualizar los timbres profesionales por el Índice Medio de Salarios (IMS) y ajustarlos diez puntos porcentuales desde julio de 2025, durante cinco semestres. La oposición calcula que esta medida significaría un aporte de 15 millones de dólares a la Caja. Se plantea, volver a la compatibilidad de la jubilación por edad avanzada con otra jubilación; universalizar el instrumento de cesar en los aportes con 65 años y 30 años de servicios y poder seguir trabajando de modo de evitar que la Caja tenga que “pagar jubilaciones de forma adelantada”; y prorrogar por dos años más el régimen especial de facilidades de pago de adeudos establecido. La oposición destaca que, gracias a esta última medida, “se llevan recuperados 11,5 millones de dólares en un semestre”. Por todas estas medidas, la oposición estima que la Caja podría tener ingresos en 2026 por US$ 136 millones. 

Gobierno modificó su proyecto

El Poder Ejecutivo, realizo algunas modificaciones a su proyecto relativo a la Caja de Profesiones. Se trata de aportes “para mejorar la búsqueda del consenso”, en momentos en que el proyecto no tiene votos para ser aprobado. Además de la garantía del Estado para que la caja pueda endeudarse para hacer frente a sus obligaciones inmediatas, el Poder Ejecutivo propuso, ahora, mantener el régimen de incompatibilidad previsto por la vigente ley de estructura orgánica de la institución. Ese régimen, apunta a evitar que los profesionales se jubilen "en forma masiva", generando así un impacto mayor en las ya complicadas finanzas. Desde la Caja de Profesionales, indicó que, desde trascendió el proyecto, un centenar de profesionales han cesado en su actividad, pero no se jubilaron, por el citado régimen de incompatibilidad.

Los timbres profesionales 

Con respecto al valor de los timbres profesionales, el gobierno presentó una alternativa, para explicitar que en el primer ajuste a partir de la aprobación de la ley – que sería el correspondiente a enero de 2026 – se considere la variación de los últimos 12 meses a setiembre. Como el último ajuste fue en julio de este año, eso le otorgaría a la caja un incremento algo mayor en sus recursos.